Colapso en los consulados por la avalancha de inmigrantes ante la nueva regularización

Miles de inmigrantes sin papeles hacen cola día y noche ante los consulados extranjeros en España para obtener el certificado de antecedentes penales de su país de origen. Este documento es imprescindible para que los empresarios puedan tramitar su regularización en el proceso que comenzará el 7 de febrero. Ante el colapso burocrático, el Gobierno ha decidido admitir provisionalmente el resguardo de solicitud del certificado para que los empleadores inicien los trámites, siempre y cuando aporten el certificado definitivo en un plazo no superior a 15 días.

El Reglamento de Extranjería abrirá el 7 de febrero un proceso de regularización para los extranjeros en situación irregular que disponen de un contrato de trabajo. Entre los documentos que habrán de presentar los empresarios para normalizar la situación administrativa de las personas que deseen contratar sólo hay dos que deben ser obtenidos por los inmigrantes: un certificado que demuestre que están empadronados en España desde antes del 7 de agosto pasado y un certificado de antecedentes penales de su país de origen. Este último es expedido por los consulados en España.

Miles de extranjeros se han dirigido a los consulados para obtener el certificado. Pero las dependencias diplomáticas no están preparadas para asumir la avalancha de demandas. Y ello a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió hace dos meses a las embajadas de que el Ministerio de Trabajo exigiría el documento. El resultado es que los extranjeros se ven obligados a hacer colas que crecen día a día.

El caso más llamativo es el de Ecuador, de donde procede la tercera parte del millón largo de sin papeles que viven en España. El embajador de ese país, Francisco Carrión, ha anunciado la llegada de un cónsul general y tres vicecónsules, la contratación de 12 administrativos y la ampliación del horario de atención al público. A pesar de ese esfuerzo, las colas son cada vez más largas, tanto frente al consulado de Madrid como al de Barcelona, donde por ahora sólo disponen de cuatro funcionarios.

Wilson M., que lleva dos años en España y trabaja como albañil, tuvo que permanecer 20 horas -desde las once de la noche hasta las siete de la tarde del día siguiente- ante el consulado de Ecuador en Madrid para solicitar su certificado. Pero sólo ha sorteado el primer paso de un complicado proceso burocrático. El consulado le ha entregado un poder que debe remitir a un familiar en su país. Dicho pariente tendrá que hacer, a su vez, cola ante el Ministerio de Exteriores en Quito para obtener el certificado. Luego se lo remitirá a Wilson, que deberá volver a ponerse a la cola frente al consulado en Madrid para que se lo sellen. Sólo entonces el documento tendrá validez en España.

Todo el proceso le sale a Wilson por 130 euros. Pero lo de menos es el precio. La cuestión está en saber si el documento estará listo antes del 7 de mayo, fecha en la que concluye el plazo establecido por el Reglamento de Extranjería para la regularización.

La situación en los consulados de Ecuador es extrapolable, con matices, a los de otros países. De los consultados por este periódico, sólo el de Colombia parece haber tomado en serio la advertencia hecha en su día por el Gobierno. Ha reforzado su personal, utiliza el sistema de cita previa y emite directamente los certificados.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Mustafá El Mirabet, está indignado: "La ley marroquí dice que el certificado debe ser solicitado en Marruecos por el interesado en persona. Pero como existe gran demanda, algunos consulados, como el de Madrid, lo expiden en España. Otros sólo emiten poderes autorizando a familiares para que lo recojan en Marruecos. Y allí hay comisarías que lo dan sin necesidad de poder y otras que lo niegan aun con el poder".

Más dramático es el caso de los inmigrantes venezolanos. Natividad Báez trabaja desde hace cuatro años como empleada de hogar en Madrid. Ha ido a su consulado y le han dicho que lo único que están autorizados a emitir es una "carta de buena conducta", que el Gobierno español no reconoce como válida. Si quiere el certificado, tiene que viajar a Venezuela y solicitarlo en persona, le ha comunicado la cónsul. "¿Cómo voy a ir a mi país?", se pregunta Natividad. "Si salgo de España, no puedo volver a entrar porque no tengo papeles".