El Parlamento afronta el final de la legislatura con 11 leyes para debatir

El Parlamento vasco afronta desde este mes de enero la recta final de esta séptima legislatura con mucho trabajo pendiente. Con la obligación de disolver la Cámara 54 días antes de las elecciones autonómicas, previstas para mayo, los meses hábiles a efectos parlamentarios se reducen a dos, desde mediados de enero hasta mediados o finales de marzo. Muy poco tiempo para afrontar el debate de los 11 proyectos de ley ahora registrados en la Cámara. Además, este breve periodo de sesiones estará mediatizado por el referéndum de la Constitución europea, que se celebrará el 20 de febrero, y por la resaca de la aprobación del plan Ibarretxe.

Los finales de legislatura suelen coincidir con el periodo más fértil en aprobación de leyes, pero en esta ocasión algunos proyectos decaerán inevitablemente al no disponer de tiempo material para su debate. Es el caso del proyecto de ley de Aguas, una de los planes estrella del Gabinete llamado a cubrir un histórico vacío legal cuando vea la luz. De momento, se ha suspendido su tramitación después de que las Juntas Generales y la Diputación de Álava, presidida por el PP, hayan planteado un conflicto de competencias que tendrá que dirimir la Comisión Arbitral. El proyecto elaborado por el Departamento de Medio Ambiente incluye la introducción en el recibo del suministro de un impuesto ecológico para financiar obras de saneamiento.

Otro de los proyectos de más calado, el de Suelo, va a vivir momentos de zozobra. Es el que más adelantado se halla. En diciembre, se rechazaron las enmiendas de totalidad y la ponencia que analiza las enmiendas parciales ya se ha reunido cuatro veces. La Cámara ha habilitado incluso el mes de enero para que los grupos puedan trabajar con más tiempo en la ponencia esta controvertida iniciativa que ha despertado enormes recelos entre algunos sectores, como los promotores y constructores. Las perspectivas de que el proyecto sea aprobado finalmente no están claras. El PSE es el único grupo abierto a apoyarlo, tras el rechazo explícito de SA y el PP, pero las negociaciones entre los socialistas y el tripartito no van bien. Los reproches mutuos y las críticas entre PSE y el Departamento de Vivienda, dirigido por EB, son frecuentes.Por ahora, resulta una incógnita lo que pueda votar al final el PSE. Euskadi es la única comunidad autónoma que carece de una ley de Suelo. La consejería que dirige Javier Madrazo plantea su proyecto como esencial para frenar la especulación inmobiliaria y abaratar el precio de los terrenos.

El Observatorio destinado a velar por los derechos humanos y las libertades en el País Vasco, una iniciativa personal del lehendakari, Juan José Ibarretxe, lleva varado varios meses y sin visos de que se pueda poner en marcha. En cambio, otros proyectos como el del Menor y el de Igualdad de Hombres y Mujeres cuentan, al menos, con muchas posibilidades de llegar hasta el pleno. Se han rechazado las enmiendas a la totalidad y las ponencias que tratan las enmiendas parciales llevan trabajando ya varias semanas. En el caso del proyecto del Menor, Sozialista Abertzaleak tiene la clave, ya que es el único grupo de la oposición que no presentó enmienda de totalidad y se muestra más dispuesto a transaccionar algunas cuestiones. Respecto al proyecto de Igualdad, los socialistas podrían facilitar su aprobación, bien con su apoyo expreso en el pleno o absteniéndose.

Otros proyectos ni siquiera han llegado a debatirse en ponencia, como la reforma de la Ley de Elecciones al Parlamento vasco, el Plan vasco de Estadística 2005-2008 y el de Cooperación para el Desarrollo. Y a pesar de la escasez de tiempo, el Parlamento acaba de registrar la entrada de otros dos proyectos: el de Museos y el de Agricultura Ecológica, que aunque no presentan la complejidad técnica de otras leyes, cuentan con escasas posibilidades de salir adelante. El que no ha remitido el Ejecutivo y previsiblemente ya no hará es uno de los proyectos más esperados desde hace varias legislaturas: el Municipal. El objetivo de esta norma es reforzar la organización y el funcionamiento de los ayuntamientos y regular de una manera adecuada su ámbito de competencias. Sin embargo, su enorme complicación, que exige la modificación de la Ley de Territorios Históricos, ha hecho imposible que los sucesivos gobiernos hayan podido siquiera aprobar un proyecto. Esta patata caliente seguirá con toda probabilidad en el cajón una legislatura más.

Calendario

Cuando sólo quedan dos meses de trabajo real en el Parlamento, el bagaje que ofrece el Gobierno se resume en 13 leyes aprobadas de las 36 previstas en su calendario legislativo para toda la legislatura. En el mejor de los casos, la cifra puede elevarse hasta las 16 si salen finalmente adelante los proyectos de ley de Suelo, Igualdad y del Menor, los que cuentan con más probabilidades. Mientras que la oposición atribuye el déficit a la falta de interés del Gobierno por lograr acuerdos, más preocupado por debates como el del plan Ibarretxe, que ha monopolizado la atención en esta séptima legislatura, el Ejecutivo resalta la importancia cualitativa de algunas leyes aprobadas, como la de Universidades, Parejas de Hecho e Industria.

A las normas que el Gabinete ha logrado sacar adelante correspondientes al calendario legislativo hay que sumar otras 14 que no figuraban en sus planes iniciales. Algunas tienen relevancia, como la de Cajas, pero otras suponen simples modificaciones de las ya existentes y las presupuestarias, que cada año tiene obligación de presentar el Ejecutivo de Vitoria.

Entre los principales hitos en cuanto a leyes aprobadas en lo que va de legislatura destaca la de Universidades, que hasta el momento ha sido la más polémica. Su controvertida tramitación parlamentaria, con devolución incluida al Gobierno, presagió que al final no obtendría la luz verde del Parlamento. Finalmente la logró gracias a la abstención de Sozialista Abertzaleak, que justificó su postura por las enmiendas que el tripartito le había aceptado. Algunos de los preceptos de esta ley de Universidades han sido recurridos por el Gobierno socialista ante el Tribunal Constitucional. Es el caso del artículo dedicado a la creación de la Agencia Vasca de Acreditación, encargada de evaluar y capacitar al profesorado.

La Ley de Parejas de Hecho, elaborada por el Departamento de Asuntos Sociales, es otra de las normas relevantes. En principio fue recurrida por el anterior Gobierno del PP, pero el actual ha retirado el recurso que hace referencia a la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales. La votación del texto en el Parlamento fue muy particular. Fue secreta, algo inusual, y ni todos los miembros del PP rechazaron el tecto ni todos los del tripartito lo apoyaron.