La Audiencia busca evitar las excarcelaciones de etarras

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por 15 magistrados, se reunió ayer en un pleno no jurisdiccional -que no resuelve casos concretos- para unificar criterios sobre el licenciamiento definitivo de aquellos presos, en su gran mayoría miembros de la banda terrorista ETA, que han redimido parte de sus condenas por aplicación del Código Penal de 1973.

El pleno, que se reanudará el próximo lunes, fue convocado por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, pues la Audiencia pretende evitar las excarcelaciones de presos condenados a penas de cárcel que superan de largo el máximo legal de cumplimiento y que, tras unos años de prisión, teóricamente están a punto de ser salir en libertad por haberse beneficiado de redenciones de pena obtenidas de forma dudosa, en manifiesta incompetencia o en fraude de ley.

El pleno de la Sala debatió el plan propuesto por el presidente para unificar criterios. En ese plan se prevé que la Audiencia Nacional respete las resoluciones adoptadas por otras Audiencias provinciales dentro de sus propias competencias. El criterio de la Audiencia Nacional no puede sustituir al de los otros tribunales, de acuerdo con el principio de seguridad jurídica.

Sin embargo, dentro del trámite que se da al tribunal sentenciador al notificarle la propuesta de licenciamiento definitivo de presos, la Audiencia Nacional pretende revisar si las redenciones otorgadas a los presos se adoptaron dentro de la legalidad. Es decir, hay reclusos que han obtenido redenciones de pena superiores a las máximas previstas en la ley, (un día de beneficio por cada dos de trabajo en las redenciones ordinarias y un día por cada día en las redenciones extraordinarias) porque, por ejemplo, las solicitaron en dos juzgados diferentes.

Algunas de las redenciones por trabajo se otorgaron incluso cuando el recluso se negó a trabajar, o estaba sancionado, ya que para obtener las redenciones era imprescindible tener buena conducta y realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en el reglamento penitenciario, como mantener limpia la celda, el módulo, etcétera.

Además muchos presos de ETA solicitaron las redenciones a partir de 1995, cuando la banda terrorista les autorizó a solicitar beneficios penitenciarios, ya que anteriormente la propia organización lo impedía. Lo que ocurre es que esos beneficios, según el plan de la Audiencia, prescriben a los cinco años, por lo tanto, no se pueden solicitar como hizo por ejemplo, José Ignacio de Juana Chaos, en 2003 beneficios penitenciarios correspondientes a 1987.

La Audiencia, por tanto, pretende anular todos los beneficios obtenidos por un recluso con engaño a la Administración, o porque no cumplía los requisitos o porque lo hizo en manifiesto fraude de ley. Así, en base al artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que "Los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley y procesal", la Audiencia no aplicará aquellas redenciones obtenidas de esa forma.

Los presos deberán solicitarlas de nuevo al juzgado competente, que ahora es el Central de Vigilancia Penitenciaria.

Mientras tanto, el fiscal Ignacio Gordillo pidió a la Sala que revise todas las redenciones aplicadas al etarra De Juana Chaos, que iba a salir el 9 de febrero, pero que en la actualidad se encuentra en prisión preventiva por otros delitos posteriores.

No obstante, la Audiencia ha concedido el licenciamiento definitivo al etarra Eduardo Sainz Lobato, porque las redenciones se aplicaron correctamente. Lo mismo ocurre con el también etarra Pedro María Aira, Kinito, que saldrá el próximo sabado de prisión.

Por el contrario, la Audiencia ha condenado a 15 años de prisión a Ibon Etxezarreta y Luis María Carrasco, miembros del comando Erezuma, por haber intentado un atentado en la inauguración del museo Chillida Leku, en Hernani (Guipúzcoa) el 16 de septiembre de 2000, al que asistió el Rey.