Detenidos los tres responsables de un gran burdel de Cabrera de Mar

Los Mossos d'Esquadra y la policía local de Cabrera de Mar detuvieron la pasada semana a los tres responsables del club Calipso, uno de los mayores burdeles de Cataluña, acusados de lucrarse con la prostitución ajena. Los tres quedaron en libertad con cargos tras declarar ante los Mossos, que los acusan de someter a las trabajadoras a unas condiciones casi de esclavitud. El Juzgado número 1 de Mataró, que les tomará declaración en breve, decidirá sobre el cierre.

Los detenidos son el propietario, Francisco G. M.; el gerente, Manuel M. B.; y la encargada, Isabel. P. G. El lupanar concentra en temporada alta a cerca de un centenar de trabajadoras, casi todas rumanas. La mayoría disponen de un visado de turista para tres meses. Llegar a España les cuesta un millar de euros, que devuelven con su trabajo en el burdel. Además, pagan 250 euros mensuales por gestiones varias.

Las declaraciones de algunas de ellas a los Mossos revelan unas condiciones laborales miserables: un día de fiesta semanal, dos improrrogables para la menstruación, jornadas laborales de 12 horas, multas de 18 euros por sobrepasar el tiempo de visita y despidos por enfermedad o por el menor incumplimiento de las normas. "Es casi esclavitud. Unas arrastran dramas personales, a otras se les ha amenazado con hacer daño a su familia en sus países", explica Joaquim Berenguer, jefe del área básica policial de Mataró. La mayoría han acabado en el club forzadas por las circunstancias. Desde el año 2003, para incurrir en delito basta con que alguien se aproveche de la prostitución ajena. En el Calipso también hay voluntarias: ganan más que un médico en su país. Así se explica que incluso las que consiguen saldar su deuda continúen en el Calipso, ya que la alternativa es la carretera.

Los detenidos alegan que regentan un hotel y que lo que sucede en sus habitaciones escapa a su control: la prostituta paga al local sólo la estancia y se queda íntegra la tarifa de sus servicios. Algunas prostitutas explicaron a los Mossos que deben usar obligatoriamente tarjetas magnéticas y personalizadas que registran todos sus servicios, las bebidas que consumen con los clientes y sus comidas diarias. Al final de la jornada pasan por caja, donde se les descuenta el porcentaje del burdel. Por ejemplo, el cliente paga 60 euros por un servicio de media hora, de los que 18 se los queda la casa. Por las copas, de 20 euros el local se queda con nueve. El proxeneta -ajeno al burdel- acaba de esquilmar el remanente. Todos los movimientos, según la policía, quedan registrados, aunque el local tiene una doble contabilidad y los datos que se desea ocultar, en caso de inspección policial, desaparecen al apretar una tecla.

En paralelo al cerco penal, el Ayuntamiento persigue el cierre del local. En breve dará a la empresa un plazo para que solvente las irregularidades observadas (sistema de incendios, dimensiones de las habitaciones, etcétera). Carles Rocabert, alcalde de Cabrera, no es optimista sobre el cierre: "Presionamos lo que podemos, pero la vía administrativa es lentísima. Esto es un cachondeo que dura años".