¿Quién acaba con el pequeño comercio?

El pasado 8 de enero realicé uno de esos cambios que muchos ciudadanos nos vemos obligados a efectuar tras las compras navideñas: unos zapatos adquiridos por mi marido en una conocida zapatería de la Rambla de Catalunya de Barcelona. Solicité un nuevo modelo, más caro, y al dirigirnos a la caja para efectuar la devolución y abonar la diferencia, la encargada intentó cobrarnos por los nuevos zapatos no el precio que marcaba la etiqueta, sino el que tenían los zapatos antes de las rebajas, cosa que es totalmente ilegal, alegando que era la política de la empresa y ofreciéndonos un vale por el importe de los zapatos adquiridos a canjear fuera de la época de rebajas.

Acepté, a pesar de todo, el vale correspondiente, y cuando iba a efectuar el abono íntegro de los nuevos zapatos la encargada del establecimiento se negó a vendérmelos. Ante tal cúmulo de abusos solicitamos la hoja de reclamaciones.

Afortunadamente, situaciones tan esperpénticas como ésta no son habituales, ¿o sí?, pero flaco favor le hacen al pequeño comercio en su competencia con las grandes superficies, las cuales, ante un simple cambio de un artículo por otro, no sólo me evitan tener que enfrentarme a abusos por parte del establecimiento, sino que, incluso, si no quedo satisfecha me devuelven el dinero.