Los juzgados acumulan 30.000 sentencias firmes sin ejecutar

Los cuatro jueces que se encargan en Madrid capital de ejecutar las sentencias con penas de hasta cinco años de cárcel denuncian que están desbordados de trabajo y que no tienen medios humanos y materiales suficientes para ejecutar en un periodo razonable las 30.000 sentencias aún sin cumplir que hay en las estanterías de sus juzgados. Los jueces aseguran que "se sienten impotentes" para afrontar la carga de trabajo que les llega a diario y afirman que llevan un año y medio denunciando esta situación sin que "las instancias superiores" judiciales hayan hecho nada hasta ahora.

Los cuatro magistrados de ejecutorias de Madrid capital -María Jesús Coronado, Gracia Rupérez, Ignacio Bigeriego y Eduardo López-Palop- han redactado un escrito en el que se quejan de la situación que atraviesan sus juzgados y en el que aseguran que ellos tramitan las sentencias "del 80% de los delitos" que se cometen en la Comunidad de Madrid. Añaden que son ellos los encargados de hacer cumplir las penas a los condenados "por violencia doméstica" y las condenas de "la casi totalidad de la delincuencia responsable de la inseguridad ciudadana".

Pese a esta responsabilidad, los jueces señalan que "desde hace más de un año y medio vienen" denunciando "el insuficiente número de órganos judiciales para abordar una amplia y compleja problemática que tiene amplia repercusión social" y que "sus demandas no han sido atendidas hasta el momento". Aseguran que la Inspección del Consejo General del Poder Judicial giró una visita a fines de septiembre a sus juzgados y constató "la gravedad de la situación", al tiempo que propuso "medidas urgente de refuerzo" para estos juzgados. El tiempo ha pasado, sigue habiendo los mismos cuatro juzgados y ni siquiera se han puesto refuerzos, a pesar de que la propia inspección del Consejo calificó "la situación de crítica".

Juicios rápidos

La entrada en funcionamiento de los juicios rápidos es una de las causas del actual desbarajuste que padecen los juzgados de ejecutorias. Casi la mitad de los juicios rápidos por delito acaba en sentencias de conformidad, ya que el reo, si admite los hechos, se puede beneficiar de una rebaja de la pena y evita así el juicio. Pero la sentencia se convierte en firme al instante y pasa de inmediato a manos de los jueces de ejecutorias para que se encarguen de que se cumpla. Por este motivo, estos juzgados están recibiendo una avalancha de sentencias y se sienten desbordados a la hora de hacerlas cumplir. Una paradoja si se tiene en cuenta que la Administración de Justicia ha hecho una fuerte inversión para que la justicia sea más rápida. "¿Para qué sirven los juicios rápidos si luego la sentencia no empieza a cumplirse hasta medio año después?", señala una fuente judicial.

Los cuatro jueces de ejecutorias de Madrid aseguran que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene conocimiento de esta situación y afirman que en este momento tienen 30.000 sentencias sin cumplir o en trámites de cumplimiento. Además, expresan "su impotencia" por el abandono que sufren por parte "de las instancias [judiciales] superiores", las que tienen que decidir y habilitar los refuerzos. Los jueces vaticinan que, como la situación siga así, la falta de control de las sentencias, debido a su volumen, "devendrá en una situación de colapso y caos, con indudable repercusión social en el ámbito de la Comunidad".

"Colapso monumental"

Ricardo Bodas, director general del Ministerio de Justicia, señaló ayer que la misión de "identificar" los problemas e incluirlos "en los planes de refuerzos de jueces" es competencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y que cuando el órgano de gobierno de los jueces informe de las necesidades y las apruebe, el ministerio, que es quien debe dotar de medios económicos esos planes, "dará una cumplida respuesta".

El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, señaló ayer que "es muy urgente que se pongan en funcionamiento los refuerzos para los cuatro juzgados de ejecutorias de Madrid, tal y como ha apuntado la Inspección del Consejo del Poder Judicial". "Si no se hace así, el colapso sería monumental y afectará a materias de especial sensibilidad como las condenas por violencia doméstica, la ejecución de sentencias de los juicios rápidos y las revisiones de penas resultantes de las distintas reformas del Código Penal", añade el decano de los jueces.

Los jueces de ejecutorias son los que se encargan de ejecutar las sentencias que dictan los juzgados penales de la región. Estos últimos redactan las sentencias y las envían a los jueces de ejecutorias para que citen luego a los condenados y les hagan cumplir la pena o pagar las multas e indemnizaciones que se hayan fijado en el fallo.