Los cines de Madrid podrán cambiar de uso para convertirse en pisos u oficinas
IU critica que la nueva normativa liberalice el suelo en la capital
Una resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada el martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ha modificado el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, de tal forma que los propietarios de los cines de Madrid podrán cambiar el uso urbanístico de sus locales. Lo que ahora son salas de exhibición podrán convertirse en viviendas, oficinas o tiendas. La resolución afecta, aunque con salvedades, también a las salas declaradas de protección especial y que se levantan en tradicionales ejes cinematográficos de la capital: Gran Vía, Fuencarral, Goya-Narváez y plaza de Benavente.
Hasta ahora, el plan general obligaba a los propietarios de todas las salas de cine a mantener la actividad, sin poder cambiar su uso. Pero la resolución aprobada por la Comunidad, que fue reclamada por el Ayuntamiento cuando José María Alvarez del Manzano aún era regidor de la capital, cambia totalmente la situación. A partir de ahora, cada propietario podrá destinar la sala de cine a lo que desee.
Sólo se establecen dos salvedades: que los cines protegidos monumentalmente tengan que pasar un plan especial que asegure la conservación de sus elementos arquitectónicos y culturales más destacados y, en segundo lugar, que los nuevos usos del edificio no sean incompatibles con la integridad de palcos, tramoyas o escenarios.
Inés Sabanés, portavoz de IU, denunció ayer que la aprobación de la resolución "hará efectivo que se liberalice el uso de los cines de Centro y determinadas zonas". El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 definía una serie de actividades culturales preferentes en el centro histórico de la ciudad por las que se impedía que se cambiara el uso de salas de cine y de teatro, con la intención clara de proteger su actividad.
Así, se delimitaban ciertos ámbitos del centro histórico como "áreas de actividad cultural preferente", para salvaguardar "el destino tradicional de las salas de cine y de teatro, estableciendo la vinculación de usos". En 1985, en Madrid había 200 cines abiertos. Actualmente, quedan 66. Por eso, el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano pactó con los empresarios del sector una modificación del plan general como solución a sus problemas financieros. Ahora ha llegado la respuesta del Gobierno.El ex concejal de Urbanismo en época de Álvarez del Manzano, Ignacio del Río, firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Confederación Empresarial de Madrid y la Sociedad de Empresarios de Cine de España. El acuerdo solicitaba que la delimitación de las zonas protegidas "se dulcificara", según explicaron ayer desde el propio Consistorio.
Su petición fue ratificada en el pleno del pasado 30 de marzo de 2004, con los votos de la mayoría del Partido Popular, encabezada por el nuevo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. La novedad es que ahora la ha ratificado la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y se ha publicado en el Bocm, por lo que ya ha entrado en vigor.
El mismo trato
Esto permite que desde el pasado martes los cines de las calles citadas ya no estén vinculados obligatoriamente a ese uso cultural. "La modificación permite que las salas de cine, pero no los teatros, aunque estén en las áreas preferentes, y aunque estén catalogadas [incluidos en el Catálogo de Protección de Edificios], puedan cambiar su uso a cualesquiera", explicaron desde el Ayuntamiento. Es decir, que recibirán el mismo trato que el resto de los locales. Por lo tanto, con las limitaciones de cada zona, se podrá cambiar a usos comerciales, de oficinas o incluso viviendas.
Pero también se establecen dos salvedades, aseguran desde el Consistorio. La primera es que las salas protegidas por el Catálogo de Protección sólo podrán cambiar su uso con la tramitación de un plan especial.
Esto significa que lo deberá aprobar la Comisión de Patrimonio y siempre que "quede acreditado que el nuevo uso no afecta a los valores catalogados", según explicaron las mismas fuentes. Es decir, que el plan deberá garantizar que permanezcan los "elementos constructivos, decorativos y de interés, así como su volumetría interior y que se destine a un uso adecuado y compatible con sus valores".
La otra excepción es que, en las salas que hubieran sido antes un teatro y que mantengan las características de éste, la modificación del uso "no podrá afectar a aquellos elementos propios del teatro, como el escenario, la tramoya o los hombros de los talones", con el objetivo de poder recuperar su uso algún día, si se quisiera.
Además, la modificación del plan agrega que, como estímulo a la vinculación de esos locales al uso del cine, se podrán conceder aumentos en la edificabilidad, siempre que se mantenga. Esto supone que se puedan aumentar los metros de construcción, "por encima o en sótanos", según fuentes del Ayuntamiento, siempre que se mantenga el uso. Esto permitirá, por ejemplo, hacer minicines en ese nuevo espacio adjudicado o utilizar las entreplantas para hacer otro tipo de actividades.
En toda la Gran Vía el uso terciario que se le puede dar a ese espacio es menos restrictivo, explican desde el Ayuntamiento. Esto es porque tiene adjudicado un "nivel D", lo que implica que se pueden llegar "hasta los 2.000 metros cuadrados". En cambio, en el resto de zonas, ese espacio está limitado a los 750 metros cuadrados.
Inés Sabanés criticó ayer que se haya probado esta modificación de forma unilateral: "Un plan general, aunque sea flexible, no puede generar incertidumbres y que se cambie en función de los intereses de determinados sectores, porque es un instrumento en el que debe primar el interés general", afirmó. "Crea una enorme inseguridad y desconfianza".
Además, aseguró que el equipo de gobierno del Ayuntamiento habla constantemente de la necesidad de "hablar del Centro y de pedir un pacto consensuado por todos los grupos sobre él", pero, agregó, "toman decisiones unilaterales por el interés de un sector económico". En su opinión, esto no se ha aprobado "por un interés de la ciudad, sino de los empresarios de las salas de cine y eso condiciona todo".
El cambio, a los tribunales
La portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Inés Sabanés, adelantó ayer que su equipo municipal está estudiando la posibilidad de acudir a la vía contencioso-administrativa contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que el martes entró en vigor.
No sólo porque cree que se ha tomado esta decisión de forma unilateral, sino porque se produce sobre edificaciones protegidas y sin tener una estrategia de lo que se debe hacer con el Centro. "Son zonas de promoción de la cultura, que podrían formar parte de una iniciativa que tenga que ver con la revitalización del centro como zona cultural y de apoyo al cine español", afirmó. "Sería bonito, como modelo de ciudad y como referencia cultural".
La concejal cree que tramitar por un plan especial las salas incluidas en el Catálogo de Protección es insuficiente. "Son actuaciones parciales y cuesta mucho seguirlas y fiscalizarlas. El Ayuntamiento no tiene la capacidad, y a veces tampoco la voluntad, para seguirlas. Además de que la resolución ya indica que el plan especial es flexible.
Por eso, el supuesto control acaba siendo el descontrol", aseguró. Otro aspecto de la resolución que inquieta a Inés Sabanés es cuando se ofrece la posibilidad de incrementar edificabilidad a cambio de mantener el uso de cine. La portavoz de IU sospecha que es una manera de que los empresarios de las salas de cine rentabilicen económicamente sus negocios y, a la vez, mantengan las ayudas a esta actividad cultural. "No sé si más que un elemento de protección al cine, no es una manera de no perder ayudas".
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