Los vecinos denunciaron la inseguridad del derribo en el que murió un inmigrante ilegal en Granada

El Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, pudo conocer al menos por dos vías la inseguridad de las obras de demolición que promovía en el número 16 de la cuesta de Gomérez, donde el pasado 21 de diciembre, un operario ecuatoriano en situación irregular perdió la vida al caer sobre él un muro del edificio. El propietario de la finca colindante denunció dos meses antes que el derribo podría provocar "alguna desgracia personal". La víspera del siniestro, un inspector municipal visitó los trabajos, según fuentes municipales, pero las obras no se paralizaron.

El escrito presentado por el propietario del número 18 de la cuesta de Gomérez (que da acceso a la Alhambra desde Plaza Nueva), denunciaba que las obras de demolición del inmueble colindante ponían en peligro "la seguridad de transeúntes y vehículos", al no contar "con las más elementales medidas de seguridad". El vecino se quejaba de la "negligente actuación de los operarios" que, según su versión, llegaron a prender el forjado de la última planta del edificio en cuyo derribo trabajaban, debido a las fogatas que, a diario, encendían. El denunciante explicaba además que la demolición estaba afectando a los pilares y muros de su finca y solicitaba que se tomaran medidas urgentes para evitar que pudiera "producir alguna desgracia personal".

La denuncia tuvo como efecto la colocación de una malla para intentar evitar la caída incontrolada de escombros pero, según dijo el denunciante el día en que se produjo el accidente, los empleados siguieron trabajando en condiciones poco seguras. "Trabajaban sin casco y varias veces les tuvimos que advertir de que tomaran precauciones para evitar posibles accidentes", afirmó ese mismo día la arrendataria del negocio de souvenirs que compartía muro con el edificio demolido.

La denuncia de los vecinos no fue la única noticia que el Ayuntamiento tuvo sobre las condiciones en que se estaban efectuando las obras. El día anterior al accidente (20 de diciembre) un inspector del área de Urbanismo las visitó y tomó algunas fotos, según fuentes municipales. Esa inspección fue insuficiente para paralizar los trabajos, a pesar de que, al menos el trabajador fallecido, carecía de permiso de trabajo y residencia. Según el informe realizado por la Policía Local sobre el siniestro, publicado ayer por el diario Granada Hoy, la empresa encargada de ejecutar todas las obras subsidiarias del Ayuntamiento (Rehabilitaciones y Demoliciones Granada S.L.) subcontrató los trabajos con la compañía Hermanos Rodríguez con la condición de que no realizara una nueva subcontratación. Pero la subcontratista incumplió esa cláusula al conceder los trabajos a Alsa S.L., la empresa para la que trabajaba Guillermo Estalin, el obrero fallecido.

El informe policial certifica además las pésimas condiciones de seguridad en que esa empresa ejecutó la demolición y explica que los propios agentes que acudieron al lugar al conocer el accidente tuvieron que pedir en obras cercanas las herramientas necesarias para que los bomberos pudieran asegurar lo que quedaba del inmueble.

Silencio municipal

El Ayuntamiento de Granada se niega a facilitar el expediente del derribo mientras no termine la investigación que realizan actualmente los técnicos municipales. Las formaciones de la oposición municipal (PSOE e IU) se comprometieron con el equipo de gobierno a no desvelar datos de las actuaciones del municipio en esta obra hasta el próximo 10 de enero, fecha en que ese expediente estará completado.

EL PAÍS intentó ayer contactar sin éxito con el concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, para saber si el área que dirige tuvo conocimiento de las sucesivas subcontratas de la obra, la condición de irregular del trabajador fallecido y, en su caso, las razones por las que los trabajos no se paralizaron, lo que, previsiblemente, hubiera evitado el trágico desenlace.