La tía de un niño se niega a entregarlo a los servicios de Bienestar Social

El hermano menor de los cuatro niños que en noviembre fueron retirados a su familia en el sevillano Polígono Norte no fue entregado ayer por su tía Francisca Muñoz a los servicios de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. La mujer afirma que ella lo cuida y que no está desamparado. Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido un recurso de la Asociación Pro Derechos Humanos contra el reglamento de la Ley del Menor.

Francisca Muñoz entregó en la Delegación de Bienestar Social de Sevilla, acompañada por su abogado, José Antonio Bosch, un escrito en el que explica que el niño, de cuatro años, ha vivido con ella y con sus cuatro hijos desde que nació, por lo que no se encuentra en situación de desamparo, como considera la Junta.

Una veintena de vecinos y amigos de Francisca Muñoz y miembros de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía se concentraron a las puertas de la Delegación y desplegaron una pancarta que decía "Menor tutelado, menor abandonado". Los cuatro hermanos de este niño, de 7, 9, 12 y 15 años, fueron retirados por la policía a sus padres a finales de noviembre, si bien los tres mayores se escaparon dos días más tarde del centro en el que fueron ingresados y, según Bosch, un mes después, la Junta no ha comunicado oficialmente esta fuga a los padres de los niños.

El abogado calificó de "contradicción" y de "comportamiento inhumano" que la Junta pretenda llevarse al menor, que convive desde su nacimiento con Francisca Muñoz y con sus otros hijos, a la vez que consideró que el procedimiento debe estar en manos del Juzgado de Familia y no de la Junta.

Francisca Muñoz, muy emocionada, aseguró que su relación con el niño es la de una madre con su hijo. "Lo cogí a las dos horas de haber nacido. Que le pregunten a los niños dónde y con quién quieren estar", afirmó.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) el pasado 29 de octubre contra el nuevo Reglamento que desarrolla la Ley Penal del Menor, cuya entrada en vigor está prevista el 1 de marzo de 2005.

Pro Derechos Humanos interpuso el recurso junto a la Coordinadora de Barrios (en nombre de más de 150 entidades) al considerar que el reglamento, que regula principalmente el régimen de vida de los menores infractores en los centros de reforma y que debe desarrollar la Ley existente respetándola, obvia toda referencia al carácter educativo y formativo de los menores previsto en la ley".