Londres destruye miles de documentos que dejarían de ser secretos el 1 de enero

El ritmo de destrucción de documentos en algunos ministerios del Gobierno del Reino Unido ha doblado al que se registraba en esos mismos departamentos en el año 2000, cuando se aprobó la ley de Libertad de Información. La oposición conservadora ha vinculado ese esfuerzo por destruir documentos con la entrada en vigor de la norma, el próximo 1 de enero, por la que los ciudadanos tendrán derecho a pedir virtualmente casi cualquier tipo de información, tanto al Gobierno como a empresas públicas y agencias gubernamentales.

Según los datos acumulados por el Partido Conservador, a partir de respuestas del Gobierno en el Parlamento, tres ministerios clave han multiplicado por dos el ritmo de destrucción de documentos. El Departamento de Comercio e Industria, que en el ejercicio 1999-2000 destruyó 52.605 documentos, en el 2003-2004 ha elevado ese dato hasta 97.020, según los datos obtenidos por el diputado tory Julian Lewis y publicados ayer por el diario The Independent. Según el rotativo, la destrucción de esos documentos "significa que quizá nunca se haga la luz sobre detalles acerca de la industria nuclear, acuerdos comerciales e investigaciones sobre las fechorías de algunas compañías".

El ministerio de Defensa ha más que doblado el ritmo de destrucción de documentos, que suponían 1.407 metros lineales antes de aprobarse la ley y llegaron a los 3.211 metros lineales el año pasado. El Departamento de Trabajo y Pensiones ha pasado de 15.524 documentos destruidos hace cuatro años a 36.885 el año pasado. También ha aumentado la destrucción en el Ministerio de Asuntos Rurales, heredero del ministerio de Agricultura, que gestionó la terrible crisis de la enfermedad de las vacas locas en la segunda mitad de los años noventa y la fiebre aftosa en 2001.

Apertura de archivos

El Gobierno de Tony Blair ha intentado restar importancia a estas cifras con el argumento de que aunque en esos ministerios ha aumentado la destrucción de documentos, en otros, como el Tesoro o el Departamento de Cultura y Deportes, las cifras han ido a la baja y en otros se han mantenido estables.

Pero tanto conservadores como liberales-demócratas vinculan inequívocamente el esfuerzo destructor con la inminente entrada en vigor de la ley de Libertad de Información, que abrirá al público los archivos del Gobierno y 100.000 organismos vinculados al sector público, incluidos los sanitarios, educativos, policiales, militares, cuerpos reguladores, compañías públicas y, por supuesto, el Parlamento y las asambleas autonómicas.

Escocia tiene su propia ley, semejante a la que se aplicará en Inglaterra y Gales. De la ley están automáticamente excluidos los servicios secretos, los tribunales y los cuerpos especiales del Ejército. El Gobierno podrá seguir declarando secretos los documentos que considere necesario y los ministros podrán negarse a entregar los papeles que no consideren conveniente hacer públicos.

La oposición cree que el Gobierno, que ha tenido cuatro años para adaptarse a la ley, ha aprovechado ese periodo para destruir miles de documentos potencialmente comprometedores. Se trataría en todo caso de una infracción política, no legal, porque la norma aún no está en vigor. A partir del 1 de enero no se podrá destruir ningún documento que haya sido reclamado por el público, pero sí aquellos que no hayan sido solicitados.

Las ansias destructivas del Gobierno se han extendido también a la documentación electrónica. El Cabinet Office -que coordina al resto de ministerios- ha dado órdenes para que se destruyan todos los correos electrónicos de más de tres meses que no tengan la suficiente relevancia. No se trata de destruir documentos relevantes, dice, sino de aligerar la carga del sistema informático. El Gobierno ha establecido la regla de que todos los documentos con contenido político se han de conservar al menos cinco años.