El Gobierno reformará la ley estatal de suelo para aumentar el control sobre los terrenos urbanizables

El Ministerio de Vivienda ultima un borrador de ley estatal de suelo que dará mayor control a los ayuntamientos a la hora de decidir en qué terrenos del municipio se pueden construir pisos, es decir, cuáles son urbanizables y cuáles no. El objetivo de esta medida -de tinte más intervencionista que la actual normativa, más liberalizadora- es evitar la clasificación indiscriminada de suelo urbanizable e intentar que las ciudades crezcan de forma más sostenible, según fuentes próximas al Gobierno.

La legislación de suelo vigente, plasmada en una ley de 1998 elaborada por el Ejecutivo del PP, establece que, cuando una localidad necesite más terrenos para creer, debe saber que todo ese nuevo suelo incluido en el plan de ordenación será urbanizable de salida. La excepción serán todos los terrenos que por motivos de sostenibilidad medioambiental (zonas protegidas, ajardinadas...) sean clasificados por ley como no urbanizables.

Vivienda quiere dar la vuelta a esta situación: todos los terrenos serán en principio no urbanizables, salvo aquellos que el ayuntamiento clasifique como urbanizabes. Este cambio, insignificante a primera vista, dará mayor poder a los municipios: les permitirá reservar más suelo no urbanizable que con la ley actual para, por ejemplo, dejar más zonas verdes. Además, al limitar la oferta de suelo en la periferia, se puede impulsar la rehabilitación del centro urbano.

Los promotores de vivienda siempre han criticado este modelo, que era el que funcionaba antes del PP, porque aseguran que supondría un recorte de la oferta de suelo, con lo que subirían los precios de los pisos. El Gobierno, sin embargo, afirma que el problema de la vivienda en España no se debe a falta de suelo urbanizable, sino a la escasez de suelo urbano (el que ya está realmente listo para construir; con viales, electricidad...), ya que los plazos urbanísticos para transformar en urbano el suelo urbanizable son muy largos. Fuentes del sector calculan que en España hay suelo urbanizable suficiente para construir otros 20 millones de pisos.

Pacto con CC AA y alquiler

El borrador de la nueva ley, que el Gobierno quiere consensuar con todas las comunidades autónomas para no invadir sus competencias (éstas tienen sus propias leyes), incluye otras dos grandes medidas. Se establecerá un estatuto de ciudadanía (derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, a la vivienda y a un medio ambiente adecuado). Además, como ya se ha anunciado, se cambiarán los criterios de valoración del suelo para que no se tengan en cuenta las perspectivas futuras de revalorización.

La nueva legislación sobre suelo fue ayer objeto de debate en unas jornadas parlamentarias organizadas por el PSOE. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, indicó que no hará falta modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar más seguridad a los propietarios e impulsar el alquiler.

La norma ya fue reformada en diciembre de 2003 y prevé juicios rápidos en caso de impagos de alquiler. Sin embargo, la ministra reconoció que son necesarios más medios para que se pongan en marcha estos desalojos rápidos (en dos meses).