El fiscal pide otros dos años de cárcel para el alcalde de San Lorenzo del Escorial por delito urbanístico

La Audiencia de Madrid inició ayer un juicio por delito urbanístico contra el alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández Quejo, del PP; tres concejales, el arquitecto municipal y el administrador solidario de la firma Inversiones Neypas, SL.

El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, imputa a los acusados delitos urbanísticos, estafa y tala ilegal de árboles para la construcción de nueve chalés en este término municipal. Para el regidor, el fiscal demanda dos años de cárcel y ocho de inhabilitación por delito urbanístico.

Miembros de la Asociación Ecologistas en Acción se concentraron ayer durante la vista oral a las puertas de la Audiencia de Madrid para mostrar su rechazo a actuaciones urbanísticas irregulares en San Lorenzo de El Escorial. Durante la concentración exhibieron pancartas contrarias a la política urbanística emprendida por el Ayuntamiento de San Lorenzo. No es éste el único proceso judicial en el que figura como acusado el regidor de San Lorenzo. Está acusado en otro, también por delito urbanístico, en el que el fiscal pide 20 meses de prisión.

La primera sesión del juicio la centraron las partes en exponer sus cuestiones judiciales previas. El juicio quedó luego en suspenso a la espera de que el tribunal, la Sección Cuarta de la Audiencia, que preside Juan José López Ortega, decida si la concesión de una licencia municipal para la construcción de chalés en una zona protegida de San Lorenzo es un tema penal o debe resolverse en la vía contencioso-administrativa.

Si la Audiencia decide seguir con el procedimiento penal ya abierto, las sesiones del juicio, como estaba previsto, se reanudarían el 28 de febrero. En caso contrario, se iniciaría un proceso contencioso. Este hecho, según el abogado de los afectados, retrasaría la conclusión del proceso varios años. Este letrado mantiene que el tribunal penal tiene capacidad jurídica para concluir si la licencia de edificación de los nueve chalés fue o no conforme a derecho.

La finca donde se levantaron los citados chalés estaba formada por cuatro parcelas que pertenecían a diferentes propietarios. Las normas urbanísticas de 1997 del municipio establecían que era necesario constituir una junta de compensación y llegar a un convenio para el desarrollo urbanístico de estas parcelas.

La empresa Neypas adquirió la parcela mayor y, en lugar de promover la constitución de la junta, firmó un convenio con el Ayuntamiento donde ambas partes acordaban la recalificación del suelo, lo que, según el fiscal, daría grandes beneficios a Neypas. Antes de que la Comunidad de Madrid diera el visto bueno a la recalificación, el Ayuntamiento otorgó la licencia y la empresa inició las obras, que más tarde fueron paralizadas, con el consiguiente perjuicio para los compradores de los chalés.