La Junta y Cajasur dejan en manos del TSJA la decisión del pago de la póliza de Castillejo

El Gobierno andaluz y Cajasur han dejado en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión sobre si el presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, podrá percibir la póliza de 2,9 millones de euros que la entidad suscribió en su favor para el momento en que cese en el cargo. Este asunto se encuentra en el TSJA después de que Cajasur presentase un recurso al expediente administrativo que la Consejería de Economía abrió por la póliza, una póliza declaró ilegal al entender que era una indemnización encubierta. La caja alegó que era un complemento de pensión.

El acuerdo alcanzado entre el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, para que Cajasur vuelva a estar bajo tutela judicial incluye un desarme judicial del conflicto.

El acuerdo compromete a la Junta y a Cajasur a tomar las medidas pertinentes para "poner término" a los litigios que hay abiertos en los tribunales. El documento cita 13 asuntos pendientes: cuatro en el Tribunal Constitucional, cinco en el TSJA, uno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, uno en la Audiencia Nacional y dos en juzgados de Primera Instancia de Córdoba. Hay asuntos de fácil resolución con el desistimiento de la parte demandante, pero hay otros, como el de la póliza, que son más complejos.

En caso de que Cajasur retirase el recurso presentado ante el TSJA, se activaría de forma inmediata el procedimiento administrativo abierto por la Junta, que exigía a la caja que dejase sin efecto el la póliza, que establece que Castillejo percibirá una renta vitalicia cuando abandone la presidencia de Cajasur.

Este expediente exigía a Cajasur que cumpliese esta orden en un plazo de 20 días, aunque una resolución posterior del TSJA anuló esta decisión de la Administración autonómica.

El acuerdo de la Junta y la Iglesia prevé que sea finalmente el TSJA el que dictamine sobre un asunto que provocó las acusaciones más graves contra Castillejo. Tanto Griñán como Cajasur aseguraron ayer que este asunto queda pendiente de lo que decida el tribunal que está viendo el caso. No obstante, fuentes de la caja señalaron que se "están dando vueltas para ver si se da con la tecla" que permita resolver este asunto.

Griñán quiso destacar ayer las virtudes del acuerdo, sobre todo el hecho de que el pacto permitirá que Cajasur, por primera vez, esté bajo bajo tutela de la Junta de Andalucía desde la aprobación de la Ley de Cajas autonómica en 1999. Además subrayó que el acuerdo supone la "normalización de las relaciones entre la Junta y Cajasur" y el fin de "casi todos" los litigios.

El consejero evitó profundizar en el hecho de que el pacto da a la Iglesia una representación en los órganos de gobierno muy superior a lo que la Junta ha defendido en los últimos años y prefirió hacer hincapié en que el peso de las administraciones públicas va a ascender del 21% (la situación actual) al 40% (en el futuro).

En cualquier caso, el acuerdo entre la Junta y el obispo de Córdoba supone que la Iglesia católica tendrá en Cajasur una representación del 34% en la Asamblea General de la caja y de un 30% en el Consejo de Administración. Desde la aprobación de la Ley de Cajas, la Junta ha manifestado que la composición de los órganos de gobierno de Cajasur debía regirse por el régimen general de las cajas.

La actual ley de Cajas andaluza (ha sido reformada para adaptarse a la ley básica del Estado sobre cajas) establece que los fundadores tendrán una representación del 13% en los órganos de gobierno. Además, el Gobierno autonómico defendía que este porcentaje tenía que ser compartido con la Diputación de Córdoba, que en la ley de Cajas es considerada cofundadora de Cajasur.

El consejero de Economía añadió que los representantes del Cabildo podrán seguir en los órganos de gobierno hasta los 75 años pero sólo en la fase transitoria (hasta que adapten sus estatutos a la ley de cajas y se renueven los órganos de dirección). Luego los representantes del Cabildo tendrán que jubilarse a los 70 años, edad tope que fija la ley de Cajas para el retiro.