Mas afirma que Maragall quiere una ley electoral para resolver su "falta de legitimidad" como presidente

Convergència i Unió (CiU) se ha puesto de uñas ante la pretensión del Gobierno catalán de cumplir su programa y promover la aprobación de una ley electoral que responda a los principios de proporcionalidad, igualdad en el valor del voto y de representación territorial. El líder de la oposición, Artur Mas, de CiU, afirmó ayer que los socialistas tienen prisa para aprobar la ley electoral a fin de resolver la "falta de legitimidad" de un presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que ha logrado serlo "a pesar de haber perdido las elecciones".

El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, presentará hoy al Gobierno sendas propuestas para abordar la reforma de la ordenación territorial de Cataluña y la elaboración de la ley electoral. Sobre la división territorial se adelantan unas orientaciones mínimas, que incluyen la creación de siete regiones o veguerías que en 2007 sustituirían a las diputaciones provinciales y se deja en manos de los municipios decidir la configuración del mapa comarcal.

En cuanto a la ley electoral, el borrador de Saura prevé un sistema de circunscripción única para garantizar la proporcionalidad y la atribución de escaños de acuerdo con listas presentadas por cada partido en las veguerías, con lo que se garantiza la representación territorial. También se propone que la ley obligue a la paridad entre hombres y mujeres en las candidaturas.

Mas apeló ayer a Esquerra Republicana (ERC) para evitar la aprobación de una ley electoral como la prefigurada en el borrador de Saura. Con los diputados de CiU y ERC, señaló el líder de la oposición, se puede formar en el Parlament una mayoría que impida la consumación de "un error monumental" como este. Advirtió que "no se puede pactar en Cataluña una ley electoral sin el apoyo del primer grupo parlamentario". La salud democrática requiere, agregó, que la ley electoral sea fruto del consenso y no del "partidismo". Para descalificar el borrador que hoy estudia el Gobierno, Mas afirmó que con el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya (ICV) impulsan una ley que les "favorezca" y les permita perpetuarse en el Gobierno de la Generalitat "sin trabajar demasiado".

También Esquerra recela del borrador de Saura. CiU y ERC son los dos partidos a los que beneficia el sistema electoral que ha regulado las elecciones autonómicas desde 1979. Se trata de una normativa que otorga proporcionalmente menos votos a la provincia más poblada, la de Barcelona, en beneficio de las demás. El extremo es la provincia de Lleida, donde el voto tiene un valor que duplica el que supone en la de Barcelona.

El asunto fue tratado ayer por el comité ejecutivo de ERC y, al término de la reunión, el secretario general del partido, Joan Puigcercós, afirmó que este proyecto no es "ni urgente ni prioritario". Se trata, dijo, de un asunto suficientemente importante como para "no especular partidistamente" en busca de beneficios y para "implicar" al primer partido de la oposición, CiU.

Puigcercós argumentó también, como Mas, que antes de aprobar la ley electoral hay que definir la nueva división territorial. Eso es necesario porque las futuras circunscripciones electorales han de coincidir con la división territorial que se adopte, y sin conocer este dato no es posible evaluar la distribución del voto. Hacer antes la ley electoral sería como "comenzar la casa por el tejado", afirmó.

La necesidad del consenso fue reconocida por el primer secretario del PSC, José Montilla. "Deseamos un acuerdo entre todas las formaciones políticas sobre esta cuestión", dijo, "pero en ningún caso eso equivale a un derecho de veto de las minorías".