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La Iglesia logra un poder cinco veces mayor en Cajasur de lo que marca la actual ley andaluza

La Junta permite que los representantes del Cabildo puedan estar hasta los 75 años

Luis Barbero

El acuerdo entre la Junta y la Iglesia católica para que Cajasur vuelva de forma voluntaria a la tutela autonómica supone un rebobinado en la historia de esta polémica. La Iglesia se ha garantizado una representación en la futura Cajasur cinco veces superior a lo que regula la actual Ley de Cajas andaluza y muy similar a la que tenía cuando la entidad inició el proceso para huir del control de la Junta. Tras cinco años de guerra, el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, suscribieron ayer el acuerdo en presencia del principal protagonista del conflicto, el sacerdote Miguel Castillejo, presidente de Cajasur. Los representantes de la Iglesia podrán jubilarse a los 75 años, en vez de a los 70 que marca la ley de Cajas.

El acuerdo, que se conoció a través de un comunicado acordado entre las dos partes, establece que la Iglesia conservará la designación del presidente ejecutivo de Cajasur. Además, fija el peso que la Iglesia, a través del Cabildo Catedralicio, tendrá en Cajasur cuando vuelva a estar bajo control de la Junta (desde hace dos años está tutelada por el Ministerio de Economía). La Iglesia tendrá el 34% de los representantes en la Asamblea General (54 de 160 consejeros) y el 30% en el Consejo de Administración (seis de los 20 vocales), en la Comisión Ejecutiva (tres de 10) y en la Comisión de Control (tres de 10).

Este peso supone que la Iglesia quintuplica la representación prevista en la actual ley de Cajas. Esta norma define que los fundadores, caso de la Iglesia en Cajasur, tendrán un 13% de representación en los órganos de gobierno. Pero la Junta siempre ha defendido que la Diputación de Córdoba es tan fundadora de Cajasur como la Iglesia y así se recoge en la ley. El Gobierno andaluz ha defendido siempre que Iglesia y Diputación tenían que repartirse ese 13% a partes iguales, por lo que a cada uno le correspondía un 6,5% en Cajasur.

La representación que se da a la Iglesia se hace a costa del peso que la ley de Cajas otorga a la Junta de Andalucía y a los trabajadores. Fuentes de la caja destacaron que por primera vez se reconoce en una ley la singularidad de la Iglesia en Cajasur en términos de representación.

El acuerdo también supone una cesión de la Junta respecto a otra pugna que ha mantenido con Castillejo en los últimos años: la edad de jubilación. La ley autonómica fija en los 70 años la jubilación de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas. El pacto establece que los representantes de la Iglesia podrán retirarse a los 75 años, edad establecida en el Código de Derecho Canónico para la jubilación de cardenales, obispos y párrocos. Esta jubilación afectará a cuatro de los seis canónigos en el consejo de la caja, entre ellos Castillejo, de 75 años.

No obstante, el pacto fija que Castillejo pilotará el retorno de la caja a la Junta, así como la adaptación de sus estatutos a la ley andaluza y la renovación de sus órganos de gobierno. Este proceso, según las partes, debe estar culminado en noviembre de 2005. Será en esa fecha cuando Castillejo deje la presidencia de Cajasur, según el acuerdo. El pacto también establece la salida del actual vicepresidente ejecutivo, Luis Miguel Martín Rubio, impuesto por el PP a Castillejo cuando éste se acogió a la tutela del Gobierno de José María Aznar.

El acuerdo incluye cierto reconocimiento a la Diputación de Córdoba, a la que se le otorga el 5% de los consejeros de la Asamblea General (ocho) y el 10% (dos representantes) en los demás órganos de gobierno. Además, la Diputación nombrará al vicepresidente ejecutivo. La Junta y la Iglesia se comprometen a consensuar el nombre del presidente y del vicepresidente.

Litigios y póliza de Castillejo

La Junta y el obispo se han comprometido a zanjar todos los litigios que tienen en los tribunales. Uno de estos conflictos es la polémica póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur suscribió en favor de Castillejo y que fue declarada ilegal por la Junta en un expediente administrativo recurrido por la caja ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Fuentes de la negociación reconocieron que la póliza de Castillejo ha estado entre los asuntos tratados entre la Junta y el obispo. Añadieron que es uno de los asuntos de "técnica jurídica más complejos" que se han tenido que resolver, pero que ha habido "voluntad de acuerdo".

Cajasur tendrá que renunciar a esta bajo la tutela del Ministerio de Economía, mientras que la Junta promoverá los cambios legales en el Parlamento para encajar todo el acuerdo.

Por parte de Cajasur, el obispo de Córdoba actúa como garante del cumplimiento del acuerdo, en el que no está estampada la firma de Miguel Castillejo.

José Antonio Griñán y el obispo de Córdoba, ayer, en la firma del acuerdo entre la Junta y Cajasur.
José Antonio Griñán y el obispo de Córdoba, ayer, en la firma del acuerdo entre la Junta y Cajasur.EL PAÍS

Avance en el Parlamento

El Grupo Socialista presentó ayer una enmienda transaccional a una enmienda de IU a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2005 para cambiar la ley de Cajas y encajar el acuerdo entre la Junta y la Iglesia para que Cajasur retorne a la tutela autonómica. Se introducirá una disposición transitoria para resolver legalmente el regreso. A la enmienda transaccional, aprobada en la Comisión de Economía, votó en contra el PP. Su portavoz en el Parlamento, Antonio Sanz, quien negoció con Cajasur la huida de la tutela de la Junta en 2002, afirmó que su grupo "impedirá" en la Cámara el cambio de la ley. Sanz dijo que el acuerdo, firmado por la Iglesia y que blinda el poder de ésta en Cajasur, es un intento de "politización e intervencionismo del PSOE en las cajas".

El portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, minimizó el margen de maniobra del PP y dijo que su respuesta es una "pataleta" por el acuerdo.

Mientras, el responsable de cajas de CC OO, Javier Rosaleny, se opuso al acuerdo y recalcó que se "legitima por ley que la Iglesia tenga la presidencia vitalicia". Añadió que el acuerdo "conculca" la ley de Cajas y que CC OO estudia un recurso por el recorte de la representación sindical.

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Sobre la firma

Luis Barbero
Es subdirector de Actualidad de EL PAÍS, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Ha sido delegado en Andalucía, corresponsal en Miami, redactor jefe de Edición y ha tenido puestos de responsabilidad en distintas secciones del periódico.

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