Educación fijará nuevos criterios para la renovación de los conciertos

El Departamento de Educación quiere poner orden en el sistema de centros sostenidos con fondos públicos, que forman 2.571 escuelas públicas y 1.408 concertadas, y uno de sus objetivos es tener listo para 2006 un decreto que fije con precisión los requisitos para la concesión de los conciertos educativos. En esa fecha se deberán renovar esas ayudas a los centros privados para que escolaricen alumnos de forma gratuita. Durante la etapa de CiU en el Gobierno, determinados criterios sobre los conciertos se pactaron con la patronal de la enseñanza, pero no se hicieron públicos.

La nueva normativa, explica un portavoz de Educación, fijará "objetivos transparentes que den prioridad a la satisfacción de las necesidades de escolarización en cada zona escolar, a la garantía de la gratuidad y al cumplimiento de la función social de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos".

La Generalitat, además, va a pedir al Ministerio de Educación que reforme la actual normativa de conciertos. "Hay que reordenar el mapa escolar y poner claridad en la concesión de ayudas a las escuelas concertadas", afirma el citado portavoz, según el cual hay un problema que se limita a un pequeño número de centros concertados que cobran cuotas a los padres o seleccionan los alumnos.

Hace unas semanas, en un almuerzo con 300 representantes de la comunidad educativa, la consejera de Educación, Marta Cid, subrayó la necesidad "de encaje" de la escuela concertada en la red de centros sostenidos con fondos públicos. En el programa 2004-07 se especifica que "el objetivo de la política de concertación educativa no es reducir la enseñanza concertada, sino garantizar la eficiencia y la equidad de los recursos públicos invertidos en la financiación de la educación".

Las patronales concertadas, a cuyas escuelas acude casi el 50% del alumnado, conocen los planes de Educación para rehacer el decreto de conciertos. Enric Grau, presidente de la Federación Catalana de Centros de Enseñanza, cree que en el anterior decreto, que data de 1993, los criterios "ya están desarrollados", pero es consciente de que el departamento "los puede cambiar o precisar" más "siempre que se ajuste a la ordenación jurídica". Este decreto de 1993 desarrolla el proceso burocrático para otorgar las ayudas, pero no precisa los criterios para su concesión.

Acuerdo secreto

Algunos de esos criterios se establecieron de una forma peculiar. Un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que en 1995 el Departamento de Enseñanza, entonces bajo control de CiU, celebró una reunión a puerta cerrada sólo con las patronales de la escuela concertada en la que se acordaron ciertas pautas para la concesión de conciertos. Los acuerdos no se hicieron públicos.

Fuentes de Educación confirmaron la existencia de este pacto escrito y subrayaron "la gravedad política" por "la relación de connivencia" que demuestra. Los conciertos educativos suponen un gasto de 800 millones de euros anuales, la cuarta parte del presupuesto del departamento. A pesar de que han pasado casi 10 años desde la celebración de la reunión, determinados centros siguen usando el documento ante los tribunales para intentar revertir la negativa a la concesión de nuevos conciertos.

El texto es el acta de la reunión celebrada el 18 de noviembre de 1995 en la que participaron el entonces director general de centros docentes, Jordi Albinyà, y representantes de las cinco patronales de la concertada. Y nadie más. Se acordó que los centros podrían obtener conciertos con un mínimo de 15 alumnos por clase y un máximo de 25 en infantil y primaria, y un mínimo de 20 y un máximo de 30 en secundaria. También consta en el escrito: "[Enseñanza y los centros privados] negociarán la revisión y la actualización de la financiación del ciclo de parvulario".

Los actuales responsables de Educación ven el acuerdo como un acto de "irresponsabilidad política y gestora", porque los ciudadanos y el Parlament "tienen derecho a saber" de un acuerdo de esa importancia, y porque ese pacto, aunque carece de fuerza jurídica, se está usando en los tribunales. Frente a ello, la Administración "no tiene norma que la ampare". Con esas condiciones "es prácticamente imposible denegar conciertos", precisa el portavoz.

Irene Rigau, diputada de CiU, defiende la legalidad de los conciertos concedidos cuando gobernaba la coalición nacionalista. Sobre la reunión de 1995 señala que "un acto determinado puede orientar la política", pero lo que tiene validez "son las convocatorias y las sucesivas resoluciones por decreto" en la concesión de las ayudas. Rigau reconoce, no obstante, que el Gobierno pudo adquirir algún tipo de "compromiso que luego tuvo que cumplir".