La Iglesia mantendrá la potestad de designar al presidente de Cajasur en la nueva etapa
El PSOE quiere cerrar la vuelta de la entidad a la tutela de la Junta en la ley de Presupuestos
La Iglesia católica mantendrá la potestad de designar al presidente de Cajasur cuando la entidad se sitúe de nuevo bajo la tutela de la Junta de Andalucía, según confirmaron ayer fuentes del PSOE y de la dirección de la caja. Éste es uno de los puntos del acuerdo al que han llegado el Gobierno andaluz y la Iglesia para que Cajasur vuelva a estar bajo el control de la Administración autonómica. Las condiciones completas del acuerdo serán conocidas hoy. El PSOE quiere blindar el retorno de la caja a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2005.
El acuerdo, negociado principalmente por el consejero de Economía, José Antonio Griñán, y el obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, se ha perfilado en los últimos meses con gran discreción de las partes involucradas. El objetivo fundamental de la Junta era recuperar la tutela sobre Cajasur (ahora en manos del Ministerio de Economía) y el de la Iglesia, el reconocimiento de la singularidad de la caja en virtud de su fundación eclesiástica.
Fuentes del PSOE y de la caja aseguraron que la Iglesia conservará la potestad de designar al presidente de la entidad, aunque, probablemente, se tratará de una presidencia no ejecutiva. Por tanto, la dirección cotidiana de la caja recaería en las vicepresidencias ejecutivas. En los actuales estatutos de Cajasur, aprobados por el Gobierno del PP, se contempla la figura del vicepresidente y consejero delegado, cargo que desempeña ahora Luis Miguel Martín Rubio, ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla.
Tras volver a la tutela de la Junta, habrá un periodo transitorio para que Cajasur adapte sus estatutos a la Ley de Cajas andaluza. En esta fase seguirá al frente de la caja el actual presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, de 75 años, quien, según las fuentes consultadas, abandonará la entidad una vez que la caja adapte sus estatutos a la normativa autonómica. La ley andaluza de Cajas prevé la jubilación de los miembros de los órganos de gobierno a los 70 años.
Estas fuentes precisaron que la salida de Castillejo será la fundación que constituyó en febrero y que lleva su nombre y él preside. El objetivo de la fundación, cuyo patronato está formado por algunos de los principales ejecutivos de la caja, es "el fomento y desarrollo de la cultura".
Los nuevos estatutos también tendrán que definir el peso que cada grupo tendrá en los órganos de gobierno de Cajasur. La ley andaluza establece que los fundadores (caso de la Iglesia católica en Cajasur) tendrán un peso del 13%. Los socialistas siempre han defendido que la Diputación de Córdoba también es fundadora de la caja, lo que supondría que la Iglesia y la Diputación tendrían una representación del 6,5% cada uno. No obstante, fuentes del PSOE apuntaron que la representación de la Iglesia (a través del Cabildo Catedralicio de Córdoba) va a ser bastante superior a ese 6,5%. Esas fuentes también añadieron que el peso de la Iglesia será mayor en la Asamblea General que en el Consejo de Administración. En el actual consejo, la Iglesia designa a siete de los 14 vocales.
El PSOE va a intentar cerrar el regreso a través de la Ley de Acompañamiento a los presupuestos andaluces de 2005. El portavoz socialista, Manuel Gracia, señaló que hay enmiendas de IU y PP a la ley de Acompañamiento relativas a las cajas de ahorro y que el Grupo Socialista va a presentar una enmienda transaccional a alguna de estas enmiendas para blindar legalmente el regreso de Cajasur. Los socialiastas ya han iniciado los contactos con los grupos porque las transaccionales requieren el acuerdo del grupo que presenta la enmienda inicial.
El fleco de la póliza
El Gobierno andaluz y Cajasur tienen previsto hacer hoy un comunicado conjunto en el que explicarán las condiciones del acuerdo. La idea de los negociadores ha sido cerrar un pacto en el que no haya flecos pendientes y que dé seguridad jurídica a todas las partes. Una de las incógnitas es saber qué va a pasar con la póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur suscribió en favor de su presidente, Miguel Castillejo, cuando éste abandonase la entidad. El Gobierno autonómico consideró que esta póliza suponía una indemnización encubierta e ilegal y el PSOE habló de "superpensión" y de uso de la caja como "un botín de guerra". La caja recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la decisión de la Junta de declarar irregular la póliza, pero todavía no hay resolución judicial.
Por otra parte, el secretario del PSOE en Córdoba, José Antonio Ruiz Almenara, dijo ayer que el acuerdo supone el triunfo del "diálogo" por el que su agrupación siempre ha apostado para solucionar este conflicto. El primer teniente de alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), abogó por la singularidad de la Iglesia en Cajasur, pero sin privilegios.
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