Despidos de oro a espaldas de la junta

Alfonso Cortina cobrará alrededor de 19 millones de euros por dejar Repsol, una cantidad que multiplica casi por siete lo que cobra como presidente ejecutivo de la petrolera. La gran mayoría de los primeros ejecutivos de grandes compañías españolas están blindados con este tipo de indemnizaciones que no suelen pasar por la junta de accionistas. La Comisión Europea quiere cambiar la situación.

De las 14 empresas del Ibex que han enviado información a la CNMV, sólo FCC informa de estas cláusulas a los accionistas

Nada más llegar a la presidencia de Repsol YPF, Antoni Brufau pidió a un prestigioso despacho de abogados un informe sobre la indemnización que cobrará Cortina por dejar la compañía, que aún está por detallar y ronda los 19 millones de euros. Es una forma de cubrirse la espaldas ante la próxima junta general de accionistas, dicen algunos, y un esfuerzo por hacer las cosas de una forma "clara y transparente", aseguran en la compañía.

El paso dado por Brufau tiene sentido. En los últimos años algunas de estas indemnizaciones, que los anglosajones llaman paracaídas de oro (golden parachute) y con las que los altos ejecutivos tratan de asegurar su futuro cuando llegan a una compañía, han provocado alarma e indignación entre los accionistas. En algunos casos porque se consideraron excesivas y en otros porque las cobraron ejecutivos que no habían hecho ganar tanto dinero a los accionistas. Ocurrió en el caso de Jack Welch cuando dejó General Electric, en el laboratorio GlaxoSmithkline y en el banco HSBC y, más cerca, cuando José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui dejaron el SCH con 43,7 millones de euros y 108,18 millones de indemnización, respectivamente.

"No hay ningún ejecutivo de primer nivel que no tenga una cláusula de blindaje para causas que él no pueda controlar", subraya Luis Ferrándiz, de la consultora Spencer Stuart. Como un cambio en el control de la compañía. Hasta ahora las empresas españolas no estaban obligadas a revelar estos compromisos, que suele recogerse en un contrato privado entre el directivo y la sociedad y tomar la forma de una cantidad en metálico, así que muchos accionistas se encontraban las millonarias indemnizaciones cuando éstas ya habían desaparecido de la caja de la entidad.

La situación ha empezado a cambiar. El nuevo informe anual de buen gobierno obliga a revelar cuántos directivos están blindados con estas cláusulas y quién autoriza las indemnizaciones, aunque no exige que éstas se cuantifiquen. De las al menos 14 empresas del Ibex 35 que ya han enviado esta información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores -las que celebraron su junta de accionistas antes del pasado 18 de abril no están obligadas a hacerlo hasta el año que viene-, sólo Banco Sabadell y Bankinter no protegen a sus directivos clave con estos premios si éstos se ven obligados a dejar la entidad contra su voluntad. El resto lo hace con un alcance desigual. Desde Zeltia, que sólo protege al primer ejecutivo, hasta el SCH, que reconoce estas cláusulas a 24 directivos (ver cuadro).

De estas compañías, sólo Metrovacesa cifra el coste total de estos compromisos, que en su caso alcanzan los 1,134 millones de euros y cubren a tres directivos.

"Oferta y demanda"

A falta de más datos, distintos expertos explican que la cantidad acordada varía mucho según el tamaño de empresa y el perfil del directivo, y que suele ser un múltiplo de la retribución anual de éste. Cortina, que llegó a la compañía en junio de 1996, cobra 2,8 millones de euros anuales, según el último informe de la compañía. En Enagas, uno de los dos directivos protegidos con estas cláusulas tiene reconocida una indemnización equivalente al salario de tres años, y en Ferrovial, un ejecutivo cobrará su retribución fija anual si se cancela el contrato por causas improcedentes.

A todo ello habría que añadir los complementos por pensiones y otros incentivos habituales en la nómina de un directivo de este tipo. En Repsol, que detalla al máximo su política retributiva en el último informe de gobierno corporativo, existe por ejemplo un "premio de permanencia" para un grupo amplio de directivos. Éste consiste en un porcentaje de la retribución fija anual que el beneficiario cobra sólo si permanece en la empresa 30 años, se jubila o es despedido de forma improcedente.

Para Fernando Peñalva, profesor del IESE, la polémica sobre las indemnizaciones de la alta dirección tiene más que ver con el escándalo social que generan, que con el impacto económico que tienen en la compañía. El resultado después de impuestos de Repsol YPF en 2003 fue de 2.020 millones de euros.

"Es la ley de la oferta y la demanda", resume Tony Gennaoui, socio director general de la consultora Towers Perrin, para quien esas cláusulas hacen las veces en muchas ocasiones de pensión de jubilación. Rafael Barrilero, de Watson Wyatt, añade que "por lo general se trata de retribuciones competitivas en el mercado europeo y acordes con el tamaño de la empresa".

Estas explicaciones contrastan con la reticencia de las compañías a informar sobre estas indemnizaciones. Si la muestra del Ibex es representativa, ésa es la práctica más habitual entre las cotizadas españolas. De las 14 empresas citadas sólo FCC, que tiene blindados a 11 ejecutivos, informa a la junta de accionistas sobre estas cláusulas. El resto sigue el mismo procedimiento: las aprueba el consejo de administración, pero no se informa a la junta.

Para algunos expertos esta situación es razonable, pues el consejo es el órgano encargado de vigilar la actuación del equipo directivo y, a través de la comisión de nombramientos y retribuciones, aprobar el esquema retributivo de la alta dirección. En España, sin embargo, se ha cuestionado la forma en que funcionan algunos consejos, controlados en ocasiones de forma férrea por un presidente ejecutivo y con poca participación de los consejeros independientes.

La situación preocupa a la Comisión Europea, que aprobó el pasado mes de octubre dos recomendaciones al respecto: una sobre el papel que cumplen los consejeros independientes y otra sobre la remuneración que reciben del consejo, en el que suelen sentarse los primeros ejecutivos. Este último texto recomienda a los 25 países miembros que insten a las empresas cotizadas a informar en la junta de accionistas sobre la política retributiva del consejo y que ésta se pronuncie sobre el asunto. "Es importante para los accionistas estar totalmente informado sobre los paquetes previstos para compensar a los consejeros al terminar sus contratos, especialmente cuando la evolución de la empresa haya sido pobre", argumenta la comisión.

La práctica de votar en las juntas el esquema retributivo de la compañía sólo se produce en el Reino Unido. El Gobierno español todavía no ha decidido cómo seguirá estas recomendaciones, aunque ya ha empezado a estudiarlas. Puede que las empresas se vean obligadas a adelantarse. Los accionistas sabrán en la próxima junta cuántos ejecutivos están blindados, y pueden querer ir más lejos y saber cuánto les cuestan estos blindajes.