Reflexión tras el puente

Recientemente se conmemoró "el día de las víctimas de accidentes de tráfico".

Mi trabajo habitual consiste en valorar las secuelas de estas personas, tanto en compañías aseguradoras como en la valoración de la discapacidad según R. D. 1971/99. Por ello, tengo una sensibilización especial con este tema.

Me asombra que entre todas las medidas preventivas que se barajan (control de alcoholemia, control de velocidad, revisión de vehículos [ITV], acondicionamiento de calzadas, etcétera) siempre se pase por alto una medida que en mi opinión debería ser esencial y prioritaria: reformar el sistema actual de reconocimiento médico y psicológico por el que se evalúa la capacidad de conducción.

Como usuarios, todos conocemos el paripé burocrático que se realiza en estos centros de reconocimiento. En primer lugar, no son centros públicos, sino privados y regentados muchos de ellos por profesionales de nula cualificación específica. Su objetivo para no perder clientela es otorgar cuantos más dictámenes posivos, mejor.

La valoración médica que se realiza es exclusivamente deagudeza visual y capacidad auditiva. El resto son simples preguntas que subjetivamente responde el reconocido. No exigen ningún documento médico oficial que descarte el padecimiento de patologías peligrosas para la conducción de vehículos.

El examen psicológico, tan burdo o más que el médico, se basa estrictamente en pruebas de psicomotricidad y reflejos, dejando a un lado la exploración de aquellas afecciones psíquicas relacionadas con la conducción peligrosa: patología mental, conductas agresivas, trastornos de personalidad, hábitos tóxicos, etcétera.

Tras un accidente en cuya génesis ha intervenido directamente cualquiera de estas afecciones no detectadas (por no exploradas) en centros de reconocimiento, ¿quién les pide responsabilidad?

Por todo ello, considero esencial en la prevención de accidentes de tráfico que la valoración de la capacidad psicofísica para la conducción de vehículos no sea realizada en centros privados como los actuales, carentes de medios técnicos y humanos, exentos de responsabilidad médico-legal cuando se produce un siniestro en cuya etiología han intervenido, ya que capacitan a conductores con patologías incompatibles con la conducción.

Esta capacitación ha de ser certificada por profesionales públicos, conocedores de la historia clínica del conductor.

Mientras no se tomen medidas en este sentido, los centros de reconocimiento no son más que un absurdo trámite burocrático.