Un terreno de interés para las inmobiliarias

La encargada de la residencia Geriasur, Rocío Portillo, no acaba de entender el comportamiento de su propietario, José Antonio García Jiménez. La única explicación, según ella, puede encontrarse en la privilegiada situación del edificio, sobre un terreno elevado de unos 1.500 metros cuadrados con vistas al mar, y en el interés de varias inmobiliarias que lo han visitado. Pero no entiende que no comunique su intención de cerrar ni a los familiares de los residentes ni a las trabajadoras.

García Jiménez, propietario del centro desde 1991, arrendó el negocio -trabajadoras y ancianos incluidos- a Cuidados Geriátricos Malagueños en 2000, con un contrato de 15 años. Sin embargo, demandó a esta empresa por incumplimiento en los pagos, lo que fue reconocido el pasado 1 de julio por un juzgado de Málaga, que declaró resuelto el contrato y ordenó la devolución de las llaves del inmueble, lo que se produjo el miércoles pasado.

"Sabíamos que había un juicio, pero esperábamos que siguiera con la residencia", dice Portillo del propietario. En vez de eso, se han encontrado con que el otra vez responsable del centro no se hace cargo, no suministra alimentos y pide que los ancianos se vayan. Según la encargada, en los años anteriores en que García Jiménez llevó el negocio, no habían tenido problemas, aunque el edificio "está muy deteriorado y necesita muchos arreglos" que el propietario no ha atendido, como numerosas goteras.

La última persona que contactó con García Jiménez fue una inspectora de trabajo, para comunicarle que el pasado día 3 tenía que asistir a un acto de conciliación, al que no acudió. El sindicato UGT, del que Portillo es delegada, ha presentado denuncias ante la inspección de trabajo, la delegación de Empleo y la de Asuntos Sociales por posible cierre patronal ilegal y abandono de los 15 ancianos que residían en Geriasur. El viernes, trabajadoras y familiares se reunirán para decidir qué hacer.