El PP se margina del pacto sobre el impulso democrático, el más importante en 22 años

El Gobierno andaluz, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista suscribieron ayer el pacto sobre el impulso democrático, del que decidió marginarse en el último momento el Partido Popular después de más de tres meses de negociación. El acuerdo afecta a un bloque de 12 medidas sobre la transparencia y reglas de juego políticas que mejora los instrumentos de control de la oposición a la hora de ejercer su labor, endurece notablemente las incompatibilidades y acaba con la opacidad de los sueldos de diputados y altos cargos, que tendrán derechos pasivos cuando cesen. En 22 años de autogobierno nunca se había logrado un acuerdo de este calado, después del Estatuto de Autonomía, según resaltaron los firmantes.

La noche del lunes los grupos parlamentarios ya temían que el PP diera la espantada. El portavoz socialista, Manuel Gracia, se quedó esperando un correo electrónico del popular Antonio Sanz con sus propuestas sobre la modificación de la ley de Publicidad Institucional, que no llegó, y el andalucista José Calvo, que ha negociado un acuerdo al que dio el visto bueno el nuevo secretario general del PA, recibió una llamada de Sanz para convencerlo, sin éxito, de que retrasaran la cita.

Cuando los portavoces se sentaron ayer estaban todos muy contrariados con el PP, cuyo representante reconoció que en la misma "no se habló de nada", si no de: "Si firmamos o no firmamos". La rúbrica finalmente se produjo, pero sin la estampilla del PP, cuyo portavoz, tras reconocer "avances importantes", adujo que eran "insuficientes".

Sanz puso pegas, sobre todo, a la ley de Publicidad Institucional. El día anterior el popular hizo unas declaraciones a Europa Press en las que abogó por "prohibir las campañas que se empleen para denigrar o criticar implícita o explícitamente a otras entidades, instituciones o personas", un principio que viene recogido literalmente en el acuerdo que no quiso firmar.

El otro asunto al que el PP puso objeciones fue la modificación de la ley de RTVA para que el director general sea elegido por el Parlamento con mayoría cualificada. "Exigimos garantías de resultado futuro antes de la tramitación de esa ley". Sin embargo, la elección del director general no se ha tratado en la mesa de la negociación. "En reuniones multilaterales, no", precisó la portavoz de IU, Concha Caballero. "No se ha puesto en la mesa un nombre de director general", añadió el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.

Las causas de que el PP haya querido quedarse fuera de la foto hay que buscarla fuera del pacto de impulso democrático. En una reunión entre el PSOE y PP previa a la de todos los portavoces, los populares pidieron un acuerdo sobre la Diputación de Almería que les garantizara la presidencia de esta institución. Además el PP quería un acuerdo "firmado" no sólo sobre el nombre del director general de RTVA sino también sobre el jefe de informativos, según afirmaron ayer fuentes del PP. Estos extremos fueron negados públicamente por Sanz, cuando se le preguntó si además de un pacto escrito había otro verbal, como en Jerez. "En ningún momento ha salido Jerez ni Almería", contestó.

Los firmantes del acuerdo se mostraron realmente exquisitos en público -en privado se habló de "arenadas" y se les llamó "gamberros" y "niñatos"- con los populares y han postergado sus valoraciones al próximo jueves, toda vez que el PP mantiene que hasta entonces hay posibilidades de "avanzar" y de incluir los temas acordados en el pleno que hay ese día. Los grupos dejaron claro que el documento no se va a modificar. "El PP se tendrá que sumar al texto que hay", dijeron al unísono.

Si el PP se queda fuera de la firma, hay un paquete de hasta cuatro leyes -Electoral, Incompatibilidades, Publicidad Institucional y estatuto de los ex presidentes- que no se podrán tramitar por lectura única, al faltar la unanimidad, mientras que las leyes del Consejo Consultivo y del Consejo Audiovisual llevan un trámite ordinario en plazo.

"El PP no ha dado explicaciones, salvo que ha pedido tiempo y lo que ha salido en los medios de comunicación no se corresponde con las objeciones que ha puesto el PP en la mesa de negociación", afirmó Concha Caballero, quien subrayó que el pacto "no colma la totalidad" de las aspiraciones de IU, pero sí es "un paso adelante fundamental" en la "transparencia, poder político e información al Parlamento".

A la pregunta de si ha sido la dirección nacional del PP, que prevé una legislatura muy corta a Zapatero, la que ha impedido el acuerdo las respuestas fueron: "Ningún acuerdo sobre las reglas de juegos impide ejercer la oposición, al contrario las mejora" (Caballero); "me abstengo de opinar" (Zarrías); "lo desconozco" (Gracia"; "hemos ido con total autonomía", (Sanz).El acuerdo alcanzado por los grupos afectan a estos asuntos:

- Ley de Incompatibilidades. Los altos cargos de la Junta que la infrinjan, de forma muy grave, podrán ser inhabilitados hasta un máximo de 10 años. Ésta es una de las novedades de la nueva ley sobre los altos cargos, un texto que endurece el régimen de incompatibilidades y establece, por primera vez, un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

El texto suscrito por PSOE, IU y PA afirma que la nueva regulación obedece a que la sociedad demanda "una mayor transparencia en la actividad pública" y persigue "regular de modo más estricto" el régimen de incompatibilidades de los altos cargos con el fin de "reforzar su independencia, imparcialidad y dedicación exclusiva a los asuntos públicos evitando cualquier interferencia de otros intereses".

La ley establece que un alto cargo debe actuar en régimen de "dedicación absoluta y exclusiva" y que su trabajo es incompatible con cualquier otra actividad, "incluida la docencia". Las restricciones para un alto cargo se extienden a la toma de decisiones sobre empresas o sociedades con las que tuvo alguna relación en el pasado o en las que participe "su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil". En este caso, el alto cargo deberá abstenerse de participar en la decisión.

Los altos cargos (presidente de la Junta, consejeros y cargos de libre designación) harán declaraciones de actividades, bienes e intereses que serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y podrán ser consultadas en Internet. Además, la norma obliga a las empresas que participen en licitaciones públicas a comunicar a la Administración la composición de sus órganos de gobierno para comprobar que ningún alto cargo de la Junta forma parte de ellos. En caso de no acreditarlo, estas empresas quedarán excluidas de la licitación.

La principal novedad de la ley, no obstante, es que la Administración se dota de capacidad sancionadora en caso de incumplimiento de la Ley de Incompatibilidades. Las sanciones muy graves (incumplimiento de incompatibilidad con daño para la Administración, falsear datos u omitir documentos relevantes) acarrearán una inhabilitación de entre tres y diez años y la obligación del alto de restituir el dinero cobrado de forma indebida de la Administración. Las sanciones graves (omisión de datos que deben ser presentados conforme a la ley o la no declaración de bienes en el registro tras haber sido apercibido) serán inhabilitados hasta dos años. Las sanciones leves (no hacer la declaraciones de bienes en los plazos establecidos) supondrán una amonestación.

- Ley de Publicidad Institucional. La nueva redacción de la ley, que compromete a la Junta y a los ayuntamientos, define la actividad publicitaria, amplía las limitaciones en periodos electorales y prevé medidas de transparencia como la obligación de publicar en el BOJA, en Internet y comunicar al Parlamento las adjudicaciones de los contratos, subvenciones o convenios de las administraciones en esta materia. Las administraciones podrán hacer campañas en asuntos relacionados con la salud, la educación, fomento de la imagen de Andalucía, para promover algunos valores o para informar sobre "los proyectos, las realizaciones y los resultados de la gestión pública". La ley fija que en las actividades publicitarias "no debe denigrarse, implícita o explícitamente, a otras instituciones o personas" y que deberá garantizarse la "transparencia, eficacia y rentabilidad en la asignación de los recursos económicos". Todos los contratos superiores a 30.000 euros se publicarán en el BOJA y en Internet, así como las ayudas, subvenciones o convenios suscritos, que también tendrán que ser remitidos al Parlamento autonómico.

También se tendrá en cuenta en los pliegos de contratación "los datos o índices comparativos sobre difusión y audiencia, frecuencia y coste por impacto útil". En campaña electoral, la publicidad institucional se limitará a cuestiones informativas (vacunaciones, ofertas de empleo, etc).

- Ley Electoral. Amplía los supuestos en los que un ciudadano no puede ser elegido diputado autonómico. La norma establece un estricto régimen de incompatibilidades de los diputados, que sólo podrán compatibilizar sus tareas con otra actividad pública o privada si tienen la autorización del Parlamento y siempre que no perciban otra retribución por su trabajo ajeno a la Cámara. De la prohibición de ejercer actividades públicas y privadas se establecen tres excepciones: gestión del patrimonio, la colaboración en la universidad de los profesores y la producción literaria, científica o artística.

Además, los tres grupos cerraron acuerdos sobre la Ley del Consejo Consultivo(que asesorará a ayuntamientos y universidades) , la Ley del Consejo Audiovisual y un acuerdo sobre la paridad y la reforma del Reglamento. Los grupos muestran su "firme compromiso" para ir a la paridad en las listas electorales.