26 años

Este año, el día de la Consitución, que cumple 26, ha estado presidido por el debate sobre su reforma, que ha pasado de hipótesis teórica a propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. La discusión promete ser viva porque la reforma necesita el consenso de los dos grandes partidos, y el PP se muestra reacio y, por otra parte, sus relaciones con el Gobierno son ahora especialmente tensas. La irrupción de ETA, colocando siete cargas explosivas que ocasionaron heridas leves a cinco personas y preocupación e incomodidades a muchos miles, vino a recordar lo artificioso de esa tensión frente al acuerdo básico existente en la defensa de las libertades y derechos que la Constitución garantiza y que los terroristas combaten a bombazos.

Es legítimo considerar inoportuna la reforma o preferir que se limite a los temas de Europa y la sucesión a la Corona, como plantea el PP. Pero eso no justificaría una actitud de boicoteo. El compromiso de los socialistas de limitar la reforma a cuatro puntos concretos y de condicionarla a un consenso comparable al de 1978 debería considerarse garantía suficiente para una participación leal en el debate. También conviene que se eviten falsas expectativas.

La reforma tiene sentido si se trata de perfeccionar el modelo constitucional, no de darle la vuelta. La reforma del Senado, la principal de las previstas, no es un replanteamiento del sistema autonómico, que incluye la generalización de la autonomía y la existencia básica de los mismos derechos en todas las comunidades, sino un intento de mejorar su funcionamiento.

Es cierto que podría ser una segunda oportunidad para la minoría que en 1978 decidió quedarse al margen, pero no al precio de romper el amplísimo consenso político y social existente. La reforma puede descarrilar si se plantea como un intento de dar satisfacción a los nacionalistas, que ayer volvieron a escenificar su distanciamiento absteniéndose, con la excepción de CiU, de participar en la celebración. Tal vez la reforma no les satisfaga, precisamente por el componente igualitario del modelo federal a que se tiende, pero no por ello habría que desistir de acometer las mejoras convenientes. Los debates sobre la inclusión o no de una distinción explícita entre nacionalidades y regiones, en función de los hechos diferenciales de algunas comunidades, son legítimos, pero no lo sería la pretensión de que de esa distinción deriven derechos diferentes según el lugar de residencia.

La interferencia de ETA cuando se discuten pacíficamente estas cuestiones ha evidenciado el carácter anacrónico de esa banda. Y torna absurda la idea de Otegi de que habría que desmilitarizar el conflicto mediante una negociación: sólo hay una parte militarizada, ETA, por lo que sólo de ella depende la desmilitarización.