Batalla por la Sala Penal

La renovación de altos cargos judiciales en el Tribunal Supremo, entre ellos tres presidentes de Sala, ha llevado al Gobierno socialista a impulsar un nuevo sistema de nombramientos que pretende acabar con el último reducto de poder del PP en las instituciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PSOE quiere evitar que en los dos años que les restan de mandato, los vocales afines al PP tengan la llave de los nombramientos en la cúpula judicial, y sobre todo impedir un mayor desequilibrio entre conservadores y progresistas en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

¿Por qué toda la pugna se centra en controlar la Sala Penal? "No hay más que echar un vistazo a la Ley Orgánica del Poder Judicial para ver que entre las competencias de la Sala Penal consta la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales contra el presidente y miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y el Senado, diputados y senadores, la cúpula de la Judicatura y la Fiscalía, etcétera", señala el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando Salinas.

En España, tener la llave de la Sala Penal se asocia a disponer de la llave de la cárcel

La relación de fuerzas entre jueces de la Sala Penal es 9 a 7 a favor de los conservadores

En España, lo mismo que en Italia, donde Berlusconi personifica la batalla por el control de la jurisdicción penal, tener la llave de la Sala Penal se asocia de alguna manera a poder disponer de la llave de la cárcel.

"Tampoco es que, llegado el caso, los jueces vayan a dejar de ser imparciales, pero la sensibilidad puede variar hacia un lado u otro y por eso es importante que exista pluralidad entre los magistrados. Y a efectos jurídico-políticos, no es lo mismo que exista pluralidad en la Sala Penal, que en lo Contencioso o en lo Laboral", añade el vicepresidente Salinas.

Los socialistas no olvidan que en el pasado, la Sala Segunda estuvo a punto de sentar en el banquillo al entonces presidente Felipe González, al vicepresidente Alfonso Guerra, y condenó a penas de 10 años de prisión al ministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.

En cambio, durante los ocho años de mandato del PP, y con un presidente conservador durante los cinco últimos, la Sala Penal ha rechazado cuantos intentos se han dirigido a investigar conductas como la de ex ministro Josep Piqué, por la presunta venta irregular de la petrolera Ertoil, o la de Jaume Matas, por supuesto fraude electoral. También ha rechazado más de mil querellas contra el ex presidente Aznar relacionadas con la guerra de Irak.

Vocales del Poder Judicial y magistrados progresistas se quejan de que el sector mayoritario y conservador del Poder Judicial sólo ha nombrado para la Sala Penal magistrados conservadores en los últimos tres años. "De los últimos ocho magistrados nombrados para la Sala Penal, sólo uno ha sido del sector progresista" agregan dichas fuentes.

Salinas es partidario de buscar jueces que no generaran recelos ni en un sector ni en otro, ni excesivamente progresistas ni excesivamente conservadores y pone un ejemplo: "La Sala Penal debería funcionar como una orquesta, con un buen director, que conociera todas las sensibilidades y con músicos que toquen todos los instrumentos. Pero si sólo nombramos trompetistas, por mucho mérito que tengan, esa orquesta no va a funcionar" .

Fuentes del Supremo y del Poder Judicial coinciden en que la Sala Penal estaba más o menos equilibrada hasta que los últimos cuatro nombramientos recayeron sobre magistrados conservadores, inclinando la balanza hacia la derecha.

Según cuentan fuentes judiciales, a día de hoy, la relación de fuerzas entre los 16 magistrados que componen la Sala Segunda es de 9 a 7 a favor de los conservadores. Aunque, a diferencia del Poder Judicial, los bloques no son monolíticos y de hecho las posiciones en muchos asuntos son perfectamente intercambiables, se considera de extracción conservadora al presidente, Luis Román Puerta, y a los magistrados Joaquín Delgado, Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano, Miguel Colmenero, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

En el sector más progresista se sitúa a Enrique Bacigalupo, Siro García, José Antonio Martín Pallín, Carlos Granados, Joaquín Jiménez, Andrés Martínez Arrieta y Perfecto Andrés Ibáñez.

Magistrados de la Sala Penal de distintos sectores coinciden en que los últimos años han mantenido una "buena relación", con algunos momentos de "mayor tensión dialéctica" relacionados con la investigación a los ex ministros Piqué y Matas y las querellas contra Aznar.

En cambio, la Sala cerró filas cuando el Gobierno del Partido Popular intentó imponerle el reingreso del expulsado juez Javier Gómez de Liaño a la carrera judicial. El presidente, y todos los magistrados menos uno, se negaron a aplicar el indulto y acabaron yendo a un conflicto de jurisdicción con el Gobierno.

En cambio, la Sala volvió a resquebrajarse en dos partes al establecer, por un sólo voto de diferencia, la doctrina a seguir por España con respecto al enjuiciamiento de los delitos de genocidio, en la querella de la premio Nobel Rigoberta Menchú contra los presuntos autores del genocidio maya en Guatemala.

En el grado de politización de la Sala influyen también, aunque no es algo que trascienda tanto, "fenómenos que se están utilizando para dirimir conflictos municipales a través de querellas por prevaricación, malversación de caudales o delitos urbanísticos en aquellos sitios en que el alcalde es también senador y tiene fuero", explica el magistrado José Antonio Martín Pallín, que con 15 años ya en la Sala Penal es uno de jueces más veteranos del Tribunal Supremo.

"Además, es urgentísimo regular la tramitación y funcionamiento de la Secretaría de Causas Especiales [la que lleva los procesos dirigidos contra aforados]. El sistema actual no sirve y se necesitaría que la Sala Penal contase con un juez instructor, porque la carga de la investigación y la instrucción de un proceso penal contra aforados no es propia de un Tribunal Supremo", concluye el magistrado.