Los partidos, a examen en las municipales de Bolivia

Las elecciones municipales de mañana, domingo, serán una prueba de fuego para el sistema de partidos tradicionales, que lucha por sobrevivir en Bolivia y, por otro lado, significará la consolidación de la participación ciudadana en la vida democrática del país más pobre de la región. El proceso electoral de seis semanas se ha visto afectado por una media decena de atentados con explosivos de dinamita que causaron algunos daños materiales, registrados en las ciudades de La Paz y Cochabamba.

Los comicios, los primeros del siglo en esta nación de casi nueve millones de habitantes, tendrán lugar en 327 municipios. Están en juego 3.626 concejalías, que disputarán 13.416 candidatos inscritos pertenecientes a 17 partidos políticos, 337 agrupaciones ciudadanas y 62 agrupaciones de pueblos indígenas, que esperan acaparar los votos de cuatro millones y medio de electores inscritos, según los datos proporcionados por la Corte Nacional Electoral.

Los partidos políticos afrontan el reto de sobrevivir, tras soportar las más duras críticas ciudadanas por el manejo en el pasado no sólo de las instituciones democráticas, sino de los propios partidos, sin transparencia y con innumerables denuncias de corrupción y tráfico de influencias. La ley de agrupaciones ciudadanas, promulgada en julio pasado por el Gobierno del presidente Carlos Mesa, ha otorgado una nueva dinámica al juego democrático con la presencia de cientos de agrupaciones que desean participar en el poder municipal, lo mismo que las agrupaciones indígenas. Los analistas políticos apuntan, sin embargo, como riesgo de este nuevo ordenamiento la dispersión del voto ciudadano, que obligará -una vez que no existe una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados- a las negociaciones entre concejales electos.

Ésta es la segunda consulta popular en el país en menos de un año. La anterior fue el referéndum sobre el destino del gas natural, cuya ley rechazó el Congreso y discute ahora un borrador propio que ha despertado suspicacias tanto en el país como en el exterior.

El Gobierno de Mesa, que ha visto declinar su popularidad en los últimos meses a la par que surgen nuevos movimientos de protesta y demanda de mejoras económicas, ha sufrido también el revés de otras instituciones que han puesto en tela de juicio varias acciones gubernamentales, la última de ellas, la designación de fiscales interinos para no detener los procesos en estrados judiciales.