La Fiscalía abre diligencias por la violación de órdenes de paralización de obras en Marbella

La Fiscalía de Málaga ha abierto diligencias a siete promociones de viviendas de Marbella que incumplieron la orden de paralización dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por si se han cometido los delitos de desobediencia y denegación de auxilio. Por otro lado, el PP marbellí aseguró ayer que el BBVA ha embargado 14 fincas al Consitorio por una deuda de casi 6,7 millones de euros, y el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, anunció que la constructora Prasa debe derribar parte de un hotel por superar el volumen y la altura permitidos.

Las promociones urbanísticas que, según la Junta de Andalucía, han continuado los trabajos en Marbella pese a suspensión cautelar de las licencias son Stael Inversiones, que construye 29 viviendas; Naviro Inmobiliaria 2000 para 279 viviendas; Productos Lácteos Badajoz para la edificación de 113; APEX 2000 S.L., para 368 y 23 viviendas; Turasa para obras de urbanización; y Comunidad de Bienes Cristo de los Molinos, para la construcción de 3 viviendas.

La investigación se centrará ahora en determinar si efectivamente se produjo el incumplimiento y quién es el responsable del mismo. En principio el delito de desobediencia sería achacable a las constructoras. El de denegación de auxilio se imputaría al Ayuntamiento de Marbella, al que el delegado de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano, ha solicitado, sin mucho éxito, en diferentes ocasiones que habilitara los "medios necesarios para garantizar el cumplimiento y efectividad de las resoluciones" judiciales.

El ministerio fiscal enviará un escrito al TSJA para conocer si las resoluciones fueron notificadas de forma correcta y si se han producido requerimientos posteriores, a fin de verificar si hubo o no desobediencia.

Por otro lado, el PP marbellí dio a conocer ayer que las "multiples deudas del consitorio" han llevado al BBVA a embargarle 14 fincas por una deuda de casi 6,7 millones de euros. Según la formación política el crédito inicial era de 3,9 millones de euros, pero los intereses han hecho que alcance la cifra actual. La portavoz popular en el Ayuntamiento, Ángeles Muñoz, citó más acreedores como la empresa eléctrica Endesa, "a la que debe 916.000 euros", o el Servicio de Asistencia Médica para funcionarios, Grupama, "con una deuda de 658.000 euros".

El alcalde del Estepona, Antonio Barrientos, anunció a la empresa cordobesa Prasa que debe demoler 2.000 metros cuadrados de un hotel construido en el centro de la ciudad y cuyas obras se encontraban paralizadas desde 2002. El regidor tomó la decisión tras recibir un dictamen de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE) que recomendaba el derrumbe.

El establecimiento hotelero fue autorizado en julio de 1997 bajo el mandato de Jesús Gil Marín. El Ayuntamiento aprobó entonces una modificación puntual de elementos por el que se aumentó de 5.000 a 20.000 los metros cuadrados de techo. El anterior gobierno del Partido Popular paralizó las obras tras una denuncia del concejal de IU, Antonio Murcia, que alertó de la desaparición de los informes técnicos y jurídicos que sirvieron de base para conceder la licencia del hotel, que incumple además la Ley de Costas. Un año después, en julio de 2003, Barrientos ordenó nuevamente la suspensión de los trabajos a la espera del informe de Diputación.

"Queremos que se restablezca la legalidad", dijo ayer Barrientos. Prasa deberá realizar demoliciones parciales para que se ajuste al Plan General de Ordenación Urbana.