La promesa del salario mínimo resulta difícil de aplicar

La promesa electoral del partido socialista de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 600 euros al mes en esta legislatura se está topando con dificultades para hacerse realidad. El PSOE se encontró, cuando accedió al Gobierno en abril, con un SMI de 460 euros al mes y aplicó un incremento del 6,6% en julio (hasta 490 euros), que se sumó al aumento del 2% aplicado por el PP en enero de este año.

En julio, la patronal planteó a los responsables del Ministerio de Trabajo que esa promesa electoral va a suponer a los empresarios un coste adicional total del 30% en el salario mínimo y pidió bonificaciones para compensar esa subida. Una petición que Trabajo aceptó la semana pasada bajo la fórmula de reducir las cuotas a cargo de las empresas.

Pero el propio ministerio reconoce la complejidad de bonificar sueldos y de reducir cotizaciones al salario mínimo al margen de cuál sea el tipo de contrato del afectado, cuando su filosofía es sólo subvencionar la contratación fija. En un documento de Trabajo, se plantea la hipótesis de bonificar a los 200.000 cotizantes del régimen general que pagan por la base mínima, y no al resto de personas con esos ingresos de otros regímenes (agrario, autónomos o empleados de hogar), que suponen un millón de personas. Para esos 200.000 trabajadores, la ayuda sería de 10 euros al mes.

Asimismo, en el documento se asegura que "los costes de gestión de la aplicación de esa bonificación serían relevantes, entre los cuales no sería menor el cálculo del denominado efecto sumidero, que animaría a reducir la cotización a la base mínima (buscando la bonificación) a quienes cotizan por bases ligeramente superiores".

Trabajo admite que una subida tan elevada del salario mínimo interprofesional puede provocar "un deslizamiento" de incrementos en los convenios colectivos. Por ello, plantea la posibilidad de reordenar las cotizaciones a la Seguridad Social, mediante su disminución para las que abonan los salarios más bajos y un "levísimo incremento" para los sueldos más altos.

Esas decisiones se deben abordar en la mesa de diálogo abierta por Trabajo la semana pasada con CEOE y los sindicatos. También han de pactar el ritmo de subida del salario mínimo hasta 600 euros, sobre el que hay discrepancias entre la patronal y las centrales.