Las viviendas protegidas crecieron un 20% en 2003, pero apenas llegan a la mitad del compromiso de la Junta

Al Ejecutivo andaluz aún le queda un largo trecho para alcanzar uno de sus principales objetivos de la legislatura: impulsar la vivienda protegida. La Consejería de Obras Públicas concretó ese objetivo en un plan, que contempla la construcción de 130.000 viviendas protegidas entre 2003 y 2007. Los últimos datos del Ministerio de Vivienda muestran un claro repunte de la vivienda de protección oficial (VPO) el año pasado: en Andalucía, se iniciaron 13.256 viviendas, un 20% más que en 2002. Pero esa cifra apenas supera la mitad de lo previsto en el primer año del plan autonómico.

Desde 1997, el ritmo de construcción de viviendas de precio libre se ha triplicado

El Plan Andaluz de Vivienda 2003-2007 establece 250.000 actuaciones en total. Además de intervenciones de suelo (20.000) y obras de rehabilitación (100.000), el resto corresponde a viviendas protegidas, a un ritmo previsto de 26.000 actuaciones al año (130.000 en total). En 2003, ese ritmo no se alcanzó. "Lo importante es que al final del periodo se logre lo planeado", aduce el secretario de seguimiento del plan, Juan Morillo, de la Consejería de Obras Públicas, que admite el desfase respecto a los objetivos planeados.

Desde 1997, el ritmo de construcción anual de viviendas de precio libre se ha duplicado en España y triplicado en Andalucía. Y el precio no sólo no se ha moderado, sino que ha subido a tasas cercanas al 20% al año. La VPO, sin embargo no ha parado de bajar: hace siete años suponía casi un tercio de las viviendas iniciadas en Andalucía, ahora no pasa del 8%.

Los datos de 2003 parecen marcar un cambio de tendencia, aunque el primer semestre de 2004 no lo ha confirmado. Según los datos del Ministerio de Vivienda, se iniciaron 4.810 viviendas protegidas en la comunidad, frente a las 6.171 entre enero y junio del año pasado. Y el sector inmobiliario no deja de tensarse.

"Cada vez mayores capas de población no pueden acceder a una vivienda, ante el incremento de precios y la falta de alternativas", constata Morillo, que da ejemplos: "El precio medio de una casa en una población de 50.000 habitantes en Andalucía puede variar de los 1.100 euros por metro cuadrado a los 1.700 euros, una diferencia del 60%. Hay una distorsión brutal".

Obras Públicas ha aprobado instrumentos legislativos y financieros para potenciar la vivienda protegida, y prepara aún alguno más para lograr un objetivo cada vez más urgente.

La piedra angular de estas medidas es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2003). En ella, se establece que los nuevos suelos de uso residencial deben reservar un 30% a promociones de VPO. Pero ésta es una medida aún sin desarrollar habida cuenta de que la mayoría de los Ayuntamientos no han aprobado aún su nuevo planeamiento urbanístico. "Muchos lo harán en la segunda mitad de 2005", apunta Morillo.

Tampoco han tenido aún consecuencias apreciables los 258 acuerdos firmados por la Junta con ayuntamientos de todas las provincias y dos diputaciones (Sevilla y Granada) en los que los municipios se comprometen a construir un número determinado de viviendas protegidas, que tendrán asegurada la financiación autonómica. Esos compromisos suman casi 88.000 viviendas entre 2003 y 2007. Pero en el primer año apenas se prevén 1.300 y más de la mitad se concentran en los dos últimos años. Es en estos compromisos donde Obras Públicas quiere aplicar una reserva de eficacia.

La consejería prevé en su plan 10.000 actuaciones anuales para premiar a los municipios que cumplan sus objetivos, pero la primera evaluación se ha retrasado hasta diciembre de 2004. Morillo señala, además, que tres capitales no se han comprometido: Granada, Jaén y Cádiz, las tres gobernadas por el PP.

La Junta va a reforzar su apuesta por la VPO con una nueva ley. Además, la Consejería ha aprovechado los cambios normativos impulsados por el Ministerio de Vivienda para reforzar una nueva figura: la vivienda de iniciativa municipal o autonómica. Es un tipo de vivienda en el que el adquiriente o el promotor no reciben ayudas directas, más allá del acceso a créditos en condiciones especiales otorgados por las entidades financieras.

Su ventaja radica en que el límite de renta para solicitarla se amplía considerablemente (5,5 veces el salario mínimo) y que también se incrementa el precio al que puede venderla el promotor (hasta 1.158 euros por metro cuadrado). Es decir una casa a medio camino entre la VPO y la vivienda libre a la que puedan acceder familias de rentas medias. Y cuya construcción, además, sea atractiva para los empresarios. "Al menos el 50% de la nueva vivienda protegida será así", vaticina Morillo.