Azkarraga y un vocal del CGPJ polemizan sobre las reformas penales

El legado legislativo del anterior Gobierno popular en materia antiterrorista sirvió ayer para un nuevo enfrentamiento entre el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y uno de los dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Euskadi, Juan Pablo González. Azkarraga reclamó que se aborde una "revisión profunda" de la actual legislación penal y penitenciaria, mientras que González realizó una defensa de la ley de Partidos, que posibilitó la ilegalización de Batasuna, y agradeció a la justicia francesa su "valiosísima cooperación" en la lucha contra ETA.

Las octavas Jornadas del Bidasoa, que han reunido durante tres días en Bilbao a jueces y fiscales de ocho tribunales superiores y cortes de apelación españoles y franceses, acabaron con un fuerte contraste de pareceres sobre la legislación nacida en los dos últimos años de mayoría absoluta del Gobierno de José María Aznar.

En la jornada de clausura, Azkarraga criticó la "falta de rigor" y de "consenso" de la producción legislativa del PP en materia penal -incluidas la ley de Partidos o la penalización a quienes convoquen referéndum ilegales-, antiterrorista y penitenciaria. Aprovechó su intervención para pedir una "revisión profunda" de toda esta legislación, aunque "con el ritmo que sea necesario".

Inmediatamente después tomó la palabra Juan Pablo González, quien agradeció a los jueces franceses su "valiosísima cooperación" en la lucha contra el terrorismo etarra. El vocal del Poder Judicial calificó de "lacra" la "falta de libertad" que ha obligado a todos los jueces y fiscales vascos a llevar escolta por la acción de ETA, una situación "excepcional en Europa", recordó.

Ante el discurso de Azkarraga, González realizó una encendida defensa del legado legislativo popular en materia antiterrorista. Destacó la promulgación de la ley de Partidos, que posibilitó la ilegalización de Batasuna y de su "brazo político" en el Parlamento vasco, Sozialista Abertzaleak. En el terreno internacional, puso de relieve la aprobación de la euroorden, que permite la entrega inmediata de presuntos terroristas, una iniciativa impulsada en Europa por los sucesivos ministros de Interior españoles de los últimos gabinetes de Aznar.

Joaquín Giménez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo e impulsor de las jornadas del Bidasoa mientras estuvo destinado en Euskadi, presentó las conclusiones de los trabajos de los ponentes sobre los dos asuntos que centraron la cumbre judicial: el tráfico de estupefacientes y las uniones de hecho. El presidente del Superior vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, anunció la puesta en marcha, a partir de 2005, de unos talleres judiciales del Bidasoa y la vocación de continuidad de las jornadas (las próximas se celebrarán en Burdeos en 2006) con la creación de una secretaría permanente.