Dénia y la ley
No hace falta decir que Dénia es una maravilla, pero lo voy a decir para dejar claro que a pesar de ciertos problemas que deberán corregirse estamos en un lugar excepcional de la Marina Alta. Si algo se echa de menos aquí es que prácticamente no se echa nada de menos.
Y dicho esto, avanzo por la vía de acceso a la población (40.882 habitantes censados, de ellos un 33% extranjeros) procurando evitar un accidente puesto que esta transitada carretera está flanqueada por infinidad de gigantescas vallas publicitarias (muchas ilegales) anunciando promociones urbanísticas igualmente gigantescas. Y puede ocurrir que si prestas atención a las ofertas del apartamento acabes en el interior de una rotonda, o en el mismísimo tanatorio- crematorio de la ciudad.
Jaume Sendra está convencido de que "si se para la construcción, en pocas horas el Ayuntamiento estaría en llamas, porque los intereses económicos en juego son enormes"
En cambio, si vas con urgencia buscando el hospital, que da servicio a muchos pueblos cercanos, la cosa ya está mas complicada porque las señales indicadoras, escasas y diminutas, se pierden en ese enjambre de cartelones tipo Las Vegas, cuando esto de las urgencias médicas no es ningún juego de casino.
Después, el abogado Jaime Sendra Galán, de 45 años, otro enamorado de Dénia, es quien me explica en su bufete del Paseo del Marqués de Campo que muchas de estas vallas publicitarias presagian ya el galimatías en el que se encuentra el urbanismo del municipio. "Aunque parezca inaudito", dice Sendra, "en materia de urbanismo topamos aquí con la inexistencia del imperio de la ley".
Oír esto de boca de un abogado es algo fuerte para empezar, aunque a veces más vale no tener una ley que tener la peor ley. Pero por desgracia no es este el caso. Jaime Sendra (asociado con los también abogados Jonathan Lambert y Gisela Giner Rommel) sabe no sólo como profesional sino también como profesor de la UNED y especialista en Derecho Constitucional y en Derecho Comunitario Europeo, que en Dénia, su lugar de nacimiento, "no se ha conseguido tener en el año 2004 un plan general que regule la ordenación del territorio, lo cual lleva a una situación de caos". Dénia, cuyo término municipal es muy extenso, opera en el marco de una norma anulada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 1994, y posteriormente por el Tribunal Supremo (en el año 2000) ya que el Plan General de Ordenación Urbana que se presentó en su día incumplía en la forma y fondo las mínimas exigencias legales. O sea, que se trataba de una chapuza impresentable. "Por ejemplo, el millón y medio de metros cuadrados de zona verde no salían por ningún lado, y entonces propusieron incluirlos en una parte del parque natural del Montgó y, como todavía no se alcanzaban esos metros exigidos, se añadieron los barrancos, y hasta en un principio intentaron colar la playa como zona verde", dice Sendra.
En lugar de retirar ese plan, dar carpetazo y presentar otro que fuera razonable, el Ayuntamiento optó por recurrir y modificar ese Plan General, o sea más pifias. Y últimamente, perdido todo, la consejerían todavía complicó más el bodegón de las extravagancias y presentó un recurso de casación ante el Supremo, eso sí, sin detenerse en Dénia la concesión de licencias de obra, o sencillamente sin darlas pero haciendo la vista gorda. "Aparte de la Constitución y los códigos Civil y Penal, aquí se maneja no la Ley del Suelo sino una ley preconstitucional que se remonta al año 1976, claro que sin garantías ni seguridad jurídica de que el día que esto se impugne no vayan a caer los ladrillos por un efecto de dominó".
Jaime Sendra está convencido de que "si se para la construcción, en pocas horas el Ayuntamiento estaría en llamas, porque los intereses económicos en juego son enormes, hay mucha ropa tendida, bastante de ella sucia, que podría estar prendida con pinzas de prevaricación".
A juicio de este abogado, el recurso de casación interpuesto por la consejería ante el Supremo "sólo aplaza un poco más el maloliente entierro de todo este asunto" pero, eso sí, entre tanto se habrán satisfecho intereses económicos de promotores y constructores que, a río revuelto, ganan siempre en estas aguas".
Lo cual ha removido el principio de seguridad jurídica, que es básico en Derecho, para ser sustituido por una auténtica ley de la selva. "La mayoría de las obras se inician sin licencia municipal y, amparándose en la lentitud de la Administración, los constructores van adelante porque prefieren pagar sanciones, si se les imponen, ya que los beneficios dan para esos gastos y algunos más".
Luego pueden venir los problemas, que vendrán porque la situación ha sobrepasado los límites del escándalo. Y, casualmente, mientras Sendra me lo explica llega a su fax una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo) aún caliente (16 de noviembre) que ilustra el asunto del que estamos tratando.
La sentencia da la razón en todos sus extremos a un vecino de Dénia, Jaime Gavilá Llorca, que denunció una construcción ilegal levantada ante su propia casa. "Fui al Ayuntamiento. Me dijeron que no habia licencia de obra", explica Jaime Gavilá, "pero me dijeron que perdía mi tiempo, que se la iban a conceder. Sufrí muchas humillaciones cuando todo lo que pedía era que se cumpliera la ley. ¿No deben defender la ley en el Ayuntamiento? Pues no. Legalizaron la obra y no me lo comunicaron. No pude defenderme. Tuve que ir a los Juzgados. En primera instancia fallaron en mi contra. Recurrí al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, porque me alentó a hacerlo el abogado Sendra, y ahora me alegro porque me han dado la razón. Claro, ya es tarde, la casa está hecha y su propietario está viviendo dentro. Así que..."
¿Qué? ¿Puede exigirse al Ayuntamiento su demolición? ¿Deben de indemnizar a Gavilá? Algo habrá que hacer. "Sí, ya va siendo hora de que los Ayuntamientos sepan el terreno que pisan y los riesgos que corren ante la Justicia. Y este caso puede ser un buen precedente", comenta Sendra.
Pero añade que ahora hay una nueva alcaldesa desvinculada de los intereses de los constructores (es profesora de instituto), y un teniente de alcalde, también profesor de instituto, que tampoco es prisionero de esas fuerzas. Y deben ser respaldados por los ciudadanos y por sus partidos políticos porque el bastón de mando municipal no fue creado, que sepamos, para los constructores. "La ley, cuya aplicación hace falta sin demora, es todo lo que merecen Dénia y sus vecinos", concluye este abogado que confía en ambos.
