Camps fuerza una lista única al congreso provincial del PP de Valencia y el zaplanismo se blinda en Alicante

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se empleó ayer a fondo para intentar que la nueva crisis creada a partir de la pelea de Elche entre militantes campistas y zaplanistas no se extendiese a otros ámbitos territoriales. Así, Camps se empleó como mediador para lograr una candidatura única a la presidencia provincial del PP de Valencia. A primera hora de la noche, Camps comunicó que había logrado un acuerdo para evitar la confrontación en el congreso provincial de Valencia. Un acuerdo que pasa por la retirada de la candidatura del presidente de la Diputación de Valencia, el zaplanista Fernando Giner; lo que deja expedito el paso al alcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, en sus aspiraciones de dirigir la estructura provincial del PP. "He retirado mi candidatura provincial convencido de que hago una aportación a la unidad del partido", sentenció Giner, que añadió: "Alfonso Rus tiene mi total y absoluto apoyo".

Ortuño denuncia que el censo de afiliados se alteró cuatro horas antes de la votación

Los zaplanistas triplican a los campistas en el comité organizador

Casi a la misma hora que Francisco Camps anunciaba el acuerdo, los zaplanistas hacían pública su decisión de blindarse en la provincia de Alicante. El comité organizador del congreso provincial del PP de Alicante aprobó anoche por nueve votos a favor -zaplanistas- y tres en contra -campistas- rechazar todas las impugnaciones presentadas por militantes afines a Camps, en las que se cuestionaba la validez de los censos electorales utilizados en la elección de compromisarios en las localidades de Alicante, Elda, Villena y Catral. El comité organizador del congreso provincial, presidido por el alcalde de Altea, el zaplanista Miguel Ortiz, aseguró que sus decisiones son "inapelables", lo que implicaría que no pueden ser modificadas por la dirección regional o la nacional del PP.

Además, el comité organizador del congreso provincial de Alicante, previsto en Altea para el 19 de diciembre, anunció que repetirá la votación de Elche -interrumpida por la tangana entre militantes- antes del 9 de diciembre con el censo que remita la dirección nacional del partido. Hoy está previsto que se reúnan en Valencia los principales miembros de la dirección regional del PP que evaluarán la situación.

Tras cinco horas de acaloradas discusiones, el comité organizador del congreso del PP de Alicante decidió ayer por mayoría anular las elecciones del lunes en Elche, en la que algunos militantes llegaron a las manos y dos urnas con papeletas acabaron en la comisaría, y convocar una nueva votación en el plazo de tres días. El zaplanista Miguel Ortiz, presidente del comité, propuso que fueran miembros de este órgano los encargados de presidir las mesas de votación una vez "tengamos las garantías de que los incidentes no se repitan", dijo Ortiz. Éste, que cuenta en el comité con el respaldo de ocho de los doce miembros, aseguró que en Elche se votará según el censo de militantes que figura en Madrid.

El comité rechazó todas las impugnaciones presentadas por el sector campista en las elecciones de compromisarios para el congreso de Altea. Ortiz aseguró que "en ningún caso" esas impugnaciones hubieran variado el resultado electoral.

Manuel Ortuño, líder del sector campista en Elche, compareció ayer ante los medios de comunicación con, según él, pruebas irrefutables sobre la manipulación censo de militantes del PP ilicitano con motivo de la elección de compromisarios para el congreso provincial de Alicante. Ortuño acusó de las supuestas irregularidades a la actual dirección provincial, que lidera Julio de España, y a José Joaquín Ripoll, titular de la Diputación. El también subdelegado del Consell en Elche denunció un cambio en la lista de afiliados cuatro horas antes del inicio de la votación. La nueva lista incluía 400 militantes más respecto al censo inicial.

Ortuño exhibió dos listas, que declinó hacer públicas por respeto a la privacidad de los afiliados. La primera incluye un total de 4.274 militantes, que sirvió de base para la elecciones de compromisarios para el congreso nacional y el congreso regional. Ambas votaciones las ganó el sector campista. Ese censo, validado por la dirección nacional del PP, era el que, según Ortuño, al mediodía del lunes -cuatro horas antes del inicio de la elección de compromisarios- tenía la gestora local y grupo municipal popular. Sin embargo, al comienzo de la votación, Ortuño asegura que llegó desde Alicante una nueva lista, con 400 afiliados más. "El listado lo trajo Antonio María Aragonés, cargo de la consejería de Sanidad, por indicación de Julio de España y Ripoll", subrayó. Ortuño aseguró que el alta de los nuevos militantes no ha sido aprobada por los órganos competentes de la organización.

Manuel Ortuño denunció, además, irregularidades en el primer censo entre las convocatorias de junio y octubre de este año cuando, según él, se dieron de alta a 350 nuevos afiliados y, por contra, se eliminaron 700 afiliados históricos. El veterano militante conservador ilicitano destacó que "todas la irregularidades han sido puntualmente denunciadas tanto a la dirección provincial, como la nacional". El último escrito en ese sentido, del que sí facilitó copia, fue el remitido el pasado 31 de octubre al secretario general del PP, Ángel Acebes.

El portavoz de los campistas ilicitanos negó la acusación de pucherazo lanzada por la portavoz municipal, la zaplanista Josefa Martín. "No puede haber pucherazo porque nuestra impugnación lo que perseguía era que no se votase por ese cambio del censo de última hora". Ortuño también rechazó la acusación de "orquestar" los incidentes para anular la elección de compromisarios y, en paralelo, forzar la suspensión del cónclave regional. "El único instigador de los incidentes fue el enviado de Julio de España a la asamblea, Alberto Martínez, director territorial de Bienestar social", dijo. "Él y la organización de la asamblea [responsabilidad de la gestora y el grupo municipal] a través de la provocación de cuatro matones, porteros de discoteca, que contrataron", explicó. Ortuño tampoco se olvidó en sus ataques de Julio de España. "No dio la cara, sino que daba las instrucciones desde un bar y después de tomar cuatro copas ordenó que se votará con el segundo listado", subrayó.

El líder de los campistas ilicitanos se mostró partidario de la suspensión de congreso provincial y del nombramiento de una gestora. "Es la única forma de garantizar el libre acceso a la información del partido, que ahora utilizan en beneficio propio Ripoll, De España...", argumentó. Una medida que es rechazada, por ahora, por parte de la dirección que preside Camps.

Las acusaciones de Ortuño sobre supuesta manipulación del censo fueron rechazadas por la líder del sector zaplanista. "La dirección nacional del partido ha dado por válido el censo que los ortuñistas han impugnado", dijo Josefa Martín. "En caso de que tenga que repetirse la votación, se hará con el mismo censo", añadió. El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, abundó ayer en su critica a Ortuño a quien volvió a responsabilizar de los incidentes. "No tiene [Ortuño] formas democráticas de actuar . Deben acabarse ya estos hechos que durante mucho tiempo han hecho famosa la agrupación de Elche". Para Ripoll "no hay motivos" para suspender el congreso, "entre otras cosas, porque estamos hablando de 141 agrupaciones en las que la elección de compromisarios se ha realizado sin incidentes".