El Poder Judicial investiga al tribunal que dejó libre al acusado de atacar a dos mujeres

El jefe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José María Gil Sáez, acordó ayer la apertura de una información previa para esclarecer el comportamiento de los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona que decretaron la puesta en libertad antes de juicio de un hombre acusado de violación, tentativa de homicidio, detención ilegal y robo. Del contenido de esa información se dará traslado "a los efectos oportunos" a la comisión disciplinaria que se reunirá el próximo 2 de diciembre, según anunció ayer el CGPJ.

Por su parte, la presidenta de esa comisión, Montserrat Comas, explicó que ella también reclamará la información sobre lo ocurrido que pueda recopilar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ayer anunció la apertura de diligencias informativas.

Ayer trascendió que los magistrados Pedro Martín García, Javier Arzúa y José Carlos Iglesias. de Barcelona, en una actuación sin precedentes, acordaron la libertad de Tomás Pardo Caro tras comparecer en el juzgado de guardia de incidencias de Barcelona la noche del 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos. La Sala acudió al juzgado al saber que el preso había presentado un hábeas corpus porque el día anterior, 31 de octubre, debería haber quedado en libertad o se le debería haber prorrogado la situación de prisión preventiva en la que se encontraba desde hacía dos años. Finalmente y al advertir que el plazo

había vencido, al tribunal no le quedó otra salida que dejarlo en libertad.

Sin embargo, los tres magistrados conocían que se iba a producir ese vencimiento porque el 13 de septiembre pidieron al fiscal que se pronunciara y éste pidió una prórroga de la prisión. Pero la Sala nunca convocó la vista para decidir, aunque en el auto de libertad los jueces sugieren que actuaron así porque el fiscal no se lo pidió.

"Asumir los errores"

Esa acusación fue respondida ayer con contundencia por el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, quien aseguró: "Cuando se comete un error hay que asumirlo y no echar la culpa a los subalternos [por los funcionarios judiciales] ni a los vecinos [por la fiscalía]". Inicialmente los jueces culparon de lo ocurrido a las secretarias de la oficina judicial por un error en la anotación de la fecha en la que vencía la prisión, algo que no responde a la verdad.

También trascendió ayer que fue la fiscalía quien pidió protección para las víctimas las 24 horas del día y que el tribunal, que tenía el asunto pendiente de señalar desde hacía semanas, fijó el inicio del juicio con una celeridad insólita para la tarde del 1 de diciembre, en un intento de mitigar la polémica que se iba a suscitar. Es la primera vez que esa sección señala el inicio de una vista por la tarde y además a puerta cerrada y con biombo para separar a las víctimas del agresor, cuando se trata de un tribunal que había alardeado de que "jamás" utilizaría esa medida.

La fiscal que llevará el caso en el juicio es Asumpta Pujol, coordinadora de los casos de violencia de género en la fiscalía de Barcelona. La acusación pública reclama para el acusado penas que suman 42 años de prisión.