La suerte del comisario francés queda en manos de los juristas de la Eurocámara

La nueva Comisión Europea se estrenó ayer con una primera jornada totalmente influida por el caso del comisario francés, Jacques Barrot, que fue condenado en 2000 y después amnistiado por financiación irregular de su partido. Por carta enviada a Josep Borrell, presidente de la Eurocámara, Barrot reconoció ayer esa condena, por vez primera desde su designación como comisario, el pasado abril. Borrell la envió a los servicios jurídicos, cuyas conclusiones serán analizadas por los líderes parlamentarios el jueves. Sólo el de los liberales, el británico Graham Watson, pidió ayer la dimisión de Barrot.

En su carta a Borrell, Barrot, encargado de la cartera de Transportes y vicepresidente del Ejecutivo comunitario, explica que la ley francesa de amnistía implica "la desaparición de toda sanción y el olvido", hasta el punto de que incluso "se prohíbe a toda persona que haya conocido el caso recordar su existencia". Por eso, explica, no se sintió obligado a informar de su condena de ocho meses ni al presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso -quien hasta le ofreció ser comisario de Justicia-, ni al Parlamento Europeo, que le sometió a un largo examen antes de votar la investidura de la Comisión, lo que se produjo el jueves sin que los eurodiputados conocieran el pasado de Barrot.

Barrot añade en su carta que ni él ni las autoridades francesas han tenido "la voluntad de disimular los hechos o las condenas amnistiadas". Precisa que, una vez amnistiado, fue elegido consejero del Alto Loira en 2001, diputado nacional en 2002 y "nada me hubiera impedido", dice, "ser candidato ante el Parlamento Europeo y sentarme entre vosotros". Para el comisario, la clave reside en que cada ciudadano europeo, comisario o no, está sometido a su propio sistema penal nacional. "Sostener lo contrario pondría en duda el sistema penal francés que me es aplicable".

En efecto, ésa es la clave, como quedó claro en las discusiones que el fin de semana mantuvieron los dirigentes de los grupos parlamentarios, donde los franceses han recordado que en sus partidos hay decenas de casos como el de Barrot por financiación irregular de partidos. Sólo el líder de los liberales, el británico Graham Watson, pidió ayer la dimisión de Barrot, pero después de suspender una rueda de prensa tras comprobar la división de su grupo (88 escaños), en el que los franceses tienen mucha fuerza (11 representantes, sólo por detrás de británicos e italianos, con 12 cada uno). La posición de los liberales suele ser definitiva, porque inclina la balanza entre los dos grupos mayoritarios: PPE (268), al que pertenece Barrot, y socialistas (200).

"Si yo fuera Barrot, ofrecería mi dimisión para evitar mayores daños a la Comisión en su conjunto", señaló en un comunicado Watson, quien recordó que un político condenado como Barrot "estaría descalificado" para ocupar un cargo público en muchos países de la UE en los que, además, sería "impensable" la amnistía para sentencias por financiación irregular de partidos. Y es que, para Watson, el problema "no es legal, sino político".

Es lo contrario que opina el líder de los socialistas, el alemán Martin Schulz, quien ayer lanzó sin explicaciones una tabla de salvación a Barrot, al recordar que su grupo (con 31 franceses, los más numerosos) ya exigió "una explicación legal del caso" y que, si los servicios jurídicos de la Eurocámara consideran que las explicaciones de Barrot son satisfactorias, "el caso quedará cerrado" para los socialistas.

"Malentendidos"

O sea, que a los socialistas no les importará que en la Comisión haya un vicepresidente que fue condenado en su día y que no lo contó ni al presidente de la Comisión ni al Parlamento Europeo porque se lo permitía la legislación francesa. Schulz habló con Barrot ayer y, después, el comisario francés comentó: "Si yo hubiera podido imaginar que lo ocurrido podía originar tales malentendidos, yo mismo habría tomado la iniciativa de mencionarlo ante los presidentes Prodi [Romano, anterior responsable de la Comisión] y Barroso y ante el Parlamento Europeo".

Eso es lo que Barroso, en efecto, hubiera preferido, como insistió ayer en su primer día de trabajo su portavoz, la también francesa Françoise Le Bail, quien aguantó casi una hora interrumpida de preguntas sobre el caso Barrot. Barroso, dijo su portavoz, sigue confiando en el comisario francés, pero el sábado le pidió que fuera él mismo quien diera la cara ante la Eurocámara. Entre las numerosas preguntas, periodistas del Este se quejaron de que el comisario húngaro, Lázsló Kovács, sigue siendo "acusado" de haber sido comunista, o de que la comisaria propuesta por Letonia, Ingrida Udre, fue relevada porque estaba siendo investigada en otro caso de financiación irregular de partidos.

En ayuda del comisario francés también acudió ayer el propio Gobierno de París, cuyo ministro de Justicia, Dominique Perben, explicó por carta a Borrell las consecuencias jurídicas de la ley de amnistía.