El Consejo de Política Fiscal y Financiera debate hoy el plan del gobierno valenciano para sanear sus cuentas

El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra esta tarde en Madrid, debatirá el Plan de Saneamiento Financiero de la Generalitat para el trienio 2005-2007, así como los de Galicia y Cataluña.

Estas tres comunidades presentaron hace varios meses su previsión de ejecución presupuestaria para el trienio 2005-2007, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y anunciaron que cerrarían el Presupuesto de 2005 con déficit. En virtud de dicha ley, estas comunidades están obligadas a presentar un plan económico-financiero trianual, que les permita, en un plazo máximo de tres años (hasta 2008), volver a una situación de equilibrio o superávit.

En concreto, Cataluña prevé un déficit del 0,08% del PIB en 2005, del 0,05% en 2006 y del 0,03% en 2007, mientras que Galicia tendrá un déficit del 0,01% del PIB en 2005, del 0,02% en 2006 y equilibrio presupuestario en 2007, y Valencia contempla un déficit del 0,1% el próximo año y no tiene previsto volver a una situación de equilibrio hasta 2008.

El plan presentado por la Generalitat en octubre asumía la reducción de un tercio del déficit acumulado hasta 2003 -unos 971 millones de euros-. Para enjugar el resto, unos 571 millones, el Consell pedía al Gobierno central cambios en la financiación que permitan una mayor intervención sobre los impuestos especiales y una actualización de las transferencias por gasto sanitario.

La Consejería de Economía de la Generalitat no quiso comentar ayer si el documento que se debatirá hoy contiene cambios con respecto al documento original. Fuentes conocedoras de este proceso dieron, sin embargo, por seguro que el plan de saneamiento valenciano recogerá alguna modificación. Entre otras se baraja la posibilidad de que la Generalitat asuma una mayor reducción del déficit -hasta llegar a los 700 millones de euros-, así como la eliminación de los 270 millones que el Gobierno valenciano demanda a Madrid en compensación por un convenio por infraestructuras adelantadas que los socialistas califican de "ficción".