UGT estima que 237.000 inmigrantes podrán regularizar su situación con el nuevo reglamento

El responsable de Inmigración de UGT-PV, Mohamed Amin, aseguró ayer que, según el informe elaborado por este sindicato, cuando se apruebe el reglamento de la Ley de Extranjería, 237.000 inmigrantes en situación irregular que residen en la Comunidad Valenciana "cumplirán con los requisitos para acceder al proceso de regularización". Amin destacó que la contratación de inmigrantes "está en alza", ya que ha crecido, durante el primer semestre del año, un 31,18% respecto al mismo periodo del año anterior. Estos 237.000 inmigrantes representarán, dijo, un 8% del total de trabajadores en la Comunidad Valenciana, frente al 10,7% del total del resto de España.

Por provincias, en Alicante podrán regularizar su situación 155.000 inmigrantes, el 65,4% del total de este colectivo en la Comunidad Valenciana, mientras que en Valencia serán 70.000, el 29,5%, y en la provincia de Castellón 12.000, el 5,06%. El representante del sindicato comentó que el perfil del inmigrante que llega a la Comunidad Valenciana "ha cambiado en los últimos años", ya que ha pasado de ser "predominantemente masculino e individual" a ser "familiar y con una mayor presencia de la mujer", lo que "demuestra la estabilidad de estas personas en el ámbito laboral".

La secretaria para la Igualdad de la UGT, Elvira Ródenas, aseguró que para hacer frente al volumen de inmigrantes que regularizará su situación es necesario "poner en marcha mecanismos y recursos suficientes para resolver los expedientes de manera ágil y rápida". Al respecto, criticó que todavía no se conocen "con exactitud" los medios que se van a poner en marcha para "afrontar esta situación" ni cuánta gente va a trabajar "para resolver los expedientes en los próximos meses" e indicó que ni la Comunidad Valenciana ni ninguna otra autonomía "está en este momento preparada para todo lo que se le vienen encima". Por otro lado, en referencia al desarrollo del Plan Valenciano de la Inmigración en los próximos cuatro años anunciado por la Bienestar Social, Ródenas criticó que en los presupuestos de la Generalitat no se contemple una partida para la puesta en marcha de este plan y pidió al Gobierno valenciano que destine para 2005 "la parte proporcional para la ejecución de este plan que incluye aspectos sanitarios, educativos, de empleo, de alojamiento e integración social".