Los partidos se dan 15 días más para buscar un pacto sobre las víctimas

Los representantes de los grupos parlamentarios en la ponencia de Víctimas del Terrorismo decidieron ayer darse 15 días más de plazo para intentar salvar el desacuerdo al que parece abocado su trabajo. Aunque todos admiten que no se produjeron ayer cambios que induzcan al optimismo, estuvieron de acuerdo en prolongar hasta el 3 de diciembre el plazo para intentar cerrar un acuerdo. El borrador elaborado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el peneuvista Iñigo Urkullu, fue aceptado como herramienta de trabajo para estas dos semanas extra.

Los grupos parlamentarios representados en la ponencia de Víctimas, todos menos el de la ilegalizada Batasuna, decidieron ayer sorpresivamente darse dos semanas más de plazo para intentar un acuerdo en torno al borrador de informe que les entregó el miércoles Urkullu.

Todos los grupos aceptaron también el compromiso de guardar reserva sobre el contenido de ese borrador de informe en el que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, en cuyo seno se creó la ponencia de Víctimas, aseguró haber incorporado propuestas de todos los grupos. Ningún ponente quiso ayer hacer declaraciones y todos estuvieron de acuerdo en dejar en manos de Urkullu la explicación técnica de la reunión.

De las impresiones transmitidas por varios asistentes a la reunión de ayer no se deduce que haya cambios que permitan albergar esperanzas añadidas sobre un acuerdo respecto al que todas las partes se muestran escépticas. Desde esa perspectiva, la prórroga del trabajo se presenta más como un aplazamiento, consentido por todos porque en principio a nadie perjudica, de una fotografía que parece inevitablemente abocada a ser la del desacuerdo y para la que el empeño principal de todos los implicados, como siempre que no se logra el consenso, será el de no figurar públicamente como responsable de ese fracaso.

Ayer no se produjo ninguna aclaración, ni sobre el contenido del informe de Urkullu, ni sobre las impresiones acerca de él que tienen los grupos, pero el parlamentario peneuvista sí señaló que descarta un informe en el que se reflejen "posturas dispares". "Seguimos trabajando, pese a quien quiera jugar a agorero", dijo Urkullu, quien apeló repetidamente al cumplimiento por parte de los grupos de su compromiso de discreción hasta el desenlace de los trabajos el 3 de diciembre.

La dificultad de lograr un pacto parte de la desconfianza que el incumplimiento del acuerdo unitario de junio de 2003 ha generado tanto en los colectivos de víctimas como en los partidos de la oposición y en el alejamiento de posturas, fundamentalmente entre el PP y el tripartito.

Condiciones del PP

El PSE, por su parte, mantiene coincidencias y diferencias con unos y otros, pero parece poco inclinado a participar de un informe final que no sea unitario. Su representate en la ponencia, Rodolfo Ares, declaró ayer a la agencia Vasco Press que consideraría "ineficaz" un informe aprobado sin unanimidad, ya que no colmaría las expectativas ni de la sociedad ni de las propias víctimas. Ares se ratificó en que su objetivo es un acuerdo unitario, pero todo conduce a pensar que su grupo tendrá que tomar una decisión final nada cómoda sobre si suscribe, en solitario en tanto que grupo de la oposición, un informe con el tripartito. El portavoz socialista aseguró que esa posición última no se encuentra aún determinada.

Si el PSE optase finalmente por no suscribir ningún texto si no incorpora a todos los partidos, serían los tres grupos del Gobierno los que tendrían que sopesar la conveniencia o no de elevar a la Comisión de Derechos Humanos primero y al pleno después un informe con su único respaldo. También podrían optar por cerrar los trabajos de la ponencia constatando la imposibilidad de un acuerdo o incluso recuperar las medidas consensuadas en junio de 2003 como único resultado aceptado por todos y un compromiso de impulsar su cumplimiento.

El PP mantiene como condiciones para pactar la disolución del grupo de la ilegalizada Batasuna y la retirada de subvenciones públicas a los familiares de presos, mientras considera inaceptable la mención a la "reconciliación" que pretende incorporar el tripartito al informe mientras quienes han causado muertes y conculcación de derechos no pidan perdón o muestren arrepentimiento.