El fiscal general anuncia que se opondrá al indulto de Rafael Vera

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anticipó ayer que el ministerio fiscal se opondrá al indulto del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por haber sido indultado ya una vez y por no existir arrepentimiento. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reiteró ayer que el Gobierno no tiene "ninguna intención ni pronóstico favorable" para conceder el indulto, pero pidió al PP que deje de "azuzar demagógicamente" un proceso tras el cual también hay "dolor y sufrimiento humano".

Visiblemente molesto, López Aguilar pidió "un mínimo de sensibilidad" al senador del PP Agustín Conde Bajén, que en el pleno del Senado le preguntó si el Ejecutivo iba a seguir el consejo del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, "de meterse el indulto donde él sugería". El ministro replicó al senador popular que detrás de cada indulto "hay también un asunto humano", y le pidió que no añadiese "innecesariamente mayor dolor" a la condena.

López Aguilar reiteró que existen delitos "que no tienen simpatía por parte de este Gobierno", como son los de terrorismo, violencia contra las mujeres y malversación de caudales públicos. "Pero incluso en esos casos debo atenerme a la ley", agregó el ministro, que obliga a esperar los informes del tribunal, del fiscal y de las acusaciones. "Sólo completado el expediente puedo proponer un criterio al Consejo de Ministros, y antes no debo anticipar ninguna decisión definitiva", afirmó.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, indicó ayer en la Audiencia Nacional que la fiscalía se opondrá al indulto debido a la "gravedad de los hechos" y a que Vera no ha dado "muestra alguna de arrepentimiento".

"No sé qué más quieren"

Vera, que ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena de siete por malversación mientras se tramita su indulto, criticó ayer que en las instancias oficiales se esté decidiendo sobre la medida de gracia antes de tramitarla. Y consideró "sorprendente" que el fiscal sostenga que no ha satisfecho la responsabilidad civil cuando a su familia "le han quitado todo. Ya no sé qué más quieren".

Por su parte, el fiscal adscrito a Anticorrupción, Alejandro Luzón, que acusó a Vera ante la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, presentó ayer ante el tribunal un informe en el que se opone a la suspensión de la ejecución de sentencia dado que no es previsible un informe favorable a la concesión de un indulto total.

Luzón señala que la suspensión de la pena ante la petición de indulto se viene considerando como remedio a las dilaciones indebidas del proceso, pero este caso, en su opinión, se ha tramitado "con ejemplar celeridad", y la interposición de recursos por parte de los acusados ha sido una de las causas fundamentales de "la duración, que no dilación" del proceso. La causa contra Vera por los fondos reservados se inició en 1994.

El fiscal Luzón añade que, dada la "gravedad de los hechos" y la "proporcionalidad de la pena impuesta", no se aprecian razones de justicia, equidad o utilidad pública que hagan previsible la concesión de la medida de gracia. En cuanto a los demás factores valorables, el fiscal considera "igualmente negativo" que tenga una condena anterior y haber sido ya indultado de otro delito grave, así como "no haber dado muestras de arrepentimiento ni encontrarse en el momento actual satisfechas las responsabilidades civiles impuestas en la sentencia". Luzón concluye interesando la ejecución de la pena. Según fuentes judiciales, las responsabilidades civiles de Vera quedarán cubiertas casi en su totalidad, ya que tiene dos fincas embargadas y afectadas al pago de dichas responsabilidades.