A los dos lados de la ley
Un letrado especializado en penal, sobre todo narcotráfico, permanece en prisión preventiva por tráfico de drogas y blanqueo
¿Todo se pega? Podría ser la acepción más popular a aplicar a un abogado dedicado a la defensa de narcotraficantes que ayer no pudo ejercer su trabajo porque está en prisión preventiva precisamente por lo mismo, por narcotráfico y blanqueo de capitales.
El tribunal de la sección tercera de la Audiencia de Valencia estaba ayer listo para empezar a las 11.00 el juicio contra dos acusados por un delito contra la salud pública. Al poco, el abogado de uno de los procesados pidió la suspensión de la vista porque, explicó, había conocido el asunto hacía poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque hace poco más de un mes el letrado Juan Ramón Pascual Biosca, con despacho en Alzira, que llevaba la defensa del imputado por tráfico de drogas en cuestión, fue detenido por hechos similares pero a gran escala en una operación de la Guardia civil dirigida por un Juzgado de Carlet a instancia de la Audiencia Nacional.
El decano del Colegio de Abogados de Alzira, Antonio Llácer, explicó ayer que oficialmente no había tenido conocimiento de la situación de letrado colegiado en Alzira "porque sólo podría saberlo si me hubiera pedido amparo, y hasta el momento no ha sido así". Llácer aclaró que Pascual Biosca, en prisión preventiva por los hechos -en los que se detuvo a más de una docena de personas, entre ellas a un vecino de Alzira como capo de la red de narcotráfico que operaba para la Comunidad Valenciana y otras provincias-, "nunca había planteado ningún problema". "Es un chico joven del que he tenido siempre buenas referencias", añadió.
En cualquier caso, los dos procesados que ayer estaban pendientes de juicio y que se veían de vuelta a prisión sin nada claro sobre su responsabilidad en los hechos que se les imputaban -traficar con pequeñas cantidades de cocaína- salieron, tras la intervención del letrado recién llegado al caso, con una conformidad. Pedro David Eschrich aceptó tres años y tres meses de cárcel más 18.000 euros de indemnización. Y Manuel Chorda, dos años de prisión y 18.000 euros de indemnización.
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