Chantaje
El nuevo affaire Carod todavía no está despejado: insiste el político catalán en vincular el voto favorable del grupo parlamentario de ERC a los presupuestos generales al cumplimiento de una condición que, curiosamente, no incluye ni gasto ni inversión; exige del Gobierno una simple y llana manifestación de índole filológica, materia sobre la cual éste no tiene competencia atribuida. Pretende ERC que el Gobierno, un ministro o persona autorizada y del relieve pertinente haga una solemne declaración de que catalán y valenciano son la misma lengua y que llamarle catalán a secas no ofende a nadie.
Sin embargo, la mediocre sagacidad no le presta para entender que esa declaración no puede hacerla el Gobierno, al menos por dos razones: una, porque no tiene competencia sobre la identidad de la lengua propia de una Comunidad Autónoma; dos, porque, en cualquier caso, esa declaración ya se encuentra en normas jurídicas vigentes, en declaraciones de órganos competentes para dictaminar sobre la materia, y, finalmente, en decisiones jurisprudenciales que dictan de modo inapelable el diferente valor que tienen los nombres que identifican la lengua propia de los valencianos desde la doble perspectiva de la ciencia y de la ley.
Al Gobierno español pues, no le corresponde hacer declaración alguna; y, más allá de remitir al texto del EACV, al dictamen sobre el valenciano del CVC, al Preámbulo de la Ley que crea la AVL, y a dos sentencias del TC donde se deslinda claramente la denominación legal y la científica (compatibles entre sí) de la lengua propia de los valencianos, como referentes donde ilustrarse, nada puede obligarle a suplantar a la ley o a los filólogos.
Evidentemente, el Gobierno lo tiene fácil para contestar elegantemente al reto de ERC sin vulnerar la ley, ni agraviar al conjunto de los valencianos. Pero una cosa es que el trágala de ERC en favor de la unidad de la lengua responda también a la convicción de que hay que hacer algo contundente para resolver este asunto enojoso, y otra que, ebrios de verdad filológica, le nieguen a la lengua propia de los valencianos el derecho a mantener su denominación histórica, por cierto, muy anterior al moderno conflicto político a propósito de su identidad, porque, al final, lo que se percibe es una necia prepotencia provocadora que alimenta al secesionismo lingüístico y da alas al cerrilismo político.
Si Carod deseaba una solución rápida al tema de la unidad de la lengua en el País Valenciano más parece que haya apostado por agudizar las contradicciones para conseguir a la vez radicalizar al nacionalismo valenciano y resucitar al blaverismo -que ya andaba de capa caída a causa de sus colosales errores políticos- y obtener un pingüe rédito partidario.
Con todo, si fácil lo tiene el Gobierno español ante tamaña estulticia, más fácil lo tiene el Gobierno valenciano, pues con que se remita a los textos citados más arriba será suficiente para que cesen estos fuegos de artificio donde nos estamos dejando, de nuevo, jirones de esta pobre lengua.
Si Carod nos quisiera tanto como simula, en lugar del espectáculo lamentable que está protagonizando al hurgar en la herida todavía abierta de la denominación de la lengua común de modo tan bestia, habría presionado para que el Gobierno incluyera en los presupuestos un buen pellizco para hacer más creíble la cooficialidad de las lenguas propias en los ámbitos dependientes de la competencia del Estado.
Y todos contentos.
