Juicio en Francia a la policía paralela

En tiempos de François Mitterrand como presidente de Francia, un gabinete negro espió al menos a 150 personas por motivos que nada tenían que ver con el oficialmente alegado, la lucha contra el terrorismo. Ayer comenzó el juicio en París por el escándalo de 3.000 escuchas telefónicas practicadas sin control judicial alguno. El proceso se verá afectado por la desaparición de varios de sus actores (el propio Mitterrand o su ministro de Defensa, Charles Hernu), dado que los hechos se remontan a 20 años atrás.

Todo empezó en 1982. A raíz de un atentado antisemita, el jefe del Estado decidió crear un grupo antiterrorista en el palacio de El Elíseo. Rápidamente, ese objetivo se transformó en espionaje contra abogados, periodistas o simples ciudadanos. El grupo dispuso de una veintena de líneas de escucha durante más de tres años.

El presidente ordenó en persona que se espiara a Edwy Plenel, periodista de 'Le Monde'

Las denuncias de los espiados se instruyeron con mucha lentitud, hasta que una misteriosa dama, vestida de negro, se presentó al juez instructor con cinco disquetes informáticos que albergaban 5.184 páginas con transcripciones de escuchas. Dos años más tarde, el Servicio de Contraespionaje señaló un garaje donde el comandante Christian Prouteau, ex jefe del grupo de El Elíseo, había archivado documentos. Los secretos dejaron de serlo y el escándalo recorrió todo el país.

De este modo se supo que Mitterrand en persona había ordenado la escucha de Edwy Plenel, entonces periodista de investigación de Le Monde (y actual director de la redacción). "El presidente abrió el diario Le Monde y me mostró un artículo que yo no había leído", ha declarado el comandante Prouteau. "Estaba muy enfadado. Me explicó que el artículo de Le Monde incluía cosas que sólo eran conocidas por él y por el ministro del Interior. Pensaba que había micrófonos ocultos en su despacho. Hice una búsqueda de micrófonos en el despacho y no encontré nada. Entonces me expresó su deseo de que fuera intervenida la línea de Edwy Plenel".

La escucha (ilegal, por supuesto) de las llamadas del periodista y de su compañera comenzó el 16 de abril de 1985. Y seguía el 9 de octubre de ese año, época en la que Plenel investigaba la implicación de los servicios secretos franceses en el sabotaje del Rainbow Warrior, el barco de Greenpeace hundido por una bomba en aguas de Nueva Zelanda.

La policía paralela intervino también para preservar el secreto de la hija natural de Mitterrand, cuya existencia no fue conocida hasta 1994. Muchos años antes, el polémico escritor Jean-Edern Hallier (ya fallecido), al principio amigo y después adversario de Mitterrand, amenazó con revelar que el presidente tenía una hija natural. Algunos afirman que pretendía obtener a cambio del silencio una amnistía fiscal. La "policía antiterrorista" de El Elíseo intervino su teléfono, y de paso el de un famoso restaurante de París donde el escritor se reunía con amigos.

La reiteración de escándalos por escuchas telefónicas ilegales hace que ya no resulte extraño el juego sucio del poder. La novedad es que, por una vez, la tenacidad de los investigados ha conseguido que no se eche tierra sobre el escándalo. Entre las personas llamadas al banquillo de los acusados figuran el citado comandante Prouteau y el capitán Paul Barril, ambos al frente del grupo antiterrorista de El Elíseo y procedentes de la Gendarie Nationale, equivalente a la Guardia Civil española, así como el ex director adjunto del Gabinete presidencial, Gilles Ménage, y el actual presidente de Renault, Louis Schweitzer, que entonces era jefe de Gabinete del primer ministro, Laurent Fabius. Este último y Pierre Mauroy (también jefe de Gobierno con Mitterrand) han sido citados como testigos.

La vista oral promete ser larga y puede dar aún alguna sorpresa respecto a las versiones conocidas. Por ejemplo, uno de los acusados, el capitán Barril, actúa también como denunciante. En sus declaraciones previas al juicio ha reconocido que el grupo de El Elíseo fue "un medio para luchar eficazmente contra el terrorismo", pero "ese instrumento fue desviado con fines políticos y de manipulación".