Hasta el final de los mandatos

La incongruente situación del mercado eléctrico en España provoca frecuentes situaciones de desconcierto extremo. Por ejemplo, recientemente, el Ministerio de Industria ha encargado a Ignacio Pérez Arriaga (cuyo perfil se expone en la página contigua) y a un equipo del Instituto de Investigación Tecnológica la elaboración de un Libro Blanco sobre el mencionado mercado eléctrico (excluida la actividad de distribución). Con ese libro, el ministerio de Montilla tendrá orientación suficiente para crear un mercado eléctrico sólido y creíble que sustituya el esperpéntico rastrillo en el cual forcejean hoy Endesa e Iberdrola para fijar el precio que más conviene a su formación de costes. La decisión en sí misma es un acierto; primero, porque hay que poner fin al batiburrillo de coeficientes, tasas, recargos, CTC y garantías varias que convierten la elaboración de la tarifa -un cálculo técnico como otro cualquiera, una vez que se han fijado las tasas de retribución del capital- en un enfadoso ejercicio de reparto de prebendas fundado en costes opacos y remiendos políticos de urgencia; y después porque el procedimiento de elaboración abierta pone fin a ocho años de pactos de pasillo entre el Gobierno y las compañías para fijar bilateralmente las tarifas.

El ministerio no parece dispuesto a impulsar cambios legales en la CNE mientras se mantenga la presidencia actual

Hasta aquí, supuesta la pericia técnica de Pérez Arriaga y su equipo, nada que objetar. Pero resulta que existe una Comisión Nacional de la Energía (CNE) que precisamente fue creada para cubrir en las debidas condiciones de imparcialidad y solvencia estos menesteres. Si alguien debe opinar sobre la regulación futura del mercado de generación es precisamente el regulador. Bien es cierto que la CNE carece de funciones de regulación; es tan sólo una oficina consultiva, según las menguadas atribuciones de que dispone. Pero incluso con atenuantes, la Comisión queda en posición harto desairada por la decisión de Industria de hurtarle el Libro Blanco.

Así que no queda más remedio que deducir que al nuevo equipo energético no le gusta la CNE ni confía en ella. Era de esperar y a nadie le sorprende. Una indagación somera sobre las intenciones de los nuevos gestores públicos de la energía indica que están dispuestos a modificar profundamente el estatuto de la CNE para que de verdad sea un organismo regulador que tome decisiones -por ejemplo, sobre el cálculo de la tarifa o sobre las prácticas contrarias a la competencia en eléctricas y petroleras- y tenga la independencia suficiente para no actuar como portavoz y coartada del ministro de turno. Esta intención no es nueva. Entonces, ¿por qué no se pone en práctica?

Para empezar, porque el ministerio no parece dispuesto a impulsar cambios legales en la CNE mientras se mantenga la presidencia actual, organizada por Josep Piqué cuando era ministro de Industria. Cabe inferir de la experiencia conocida que la política del Gobierno respecto a las instituciones reguladoras esperará pacientemente a que concluya el mandato de Pedro Meroño. Cuando eso suceda, se supone que Industria desplegará el cambio legal necesario para reforzar las competencias de la Comisión y acrecentar sus recursos humanos y técnicos.

Recuérdese, para que no se produzcan malentendidos, que las presidencias de los organismos reguladores están protegidas por mandatos inamovibles. Claro que en algunas ocasiones -contadas- ha mediado dimisión o puesta del cargo a disposición del nuevo responsable político cuando cambia el partido gobernante. Por ejemplo, consta que Miguel Ángel Fernández Ordóñez puso su cargo de presidente de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico a disposición de Piqué en 1996. No consta que este ejemplo se haya seguido en 2004.

Cabe extender esta misma política de esperar a la extinción de los mandatos al resto de organismos reguladores. Por ejemplo, a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) o al Tribunal de Defensa de la Competencia. Tal criterio explicaría -por lo menos para los más ingenuos- por qué Pedro Solbes y José Montilla no han desarrollado con la debida presteza la nueva concepción de los organismos reguladores, convertidos durante los gobiernos del PP en silenciosos gabinetes de estudios prestos siempre a escuchar y casi siempre a refrendar las sabias decisiones de Rodrigo Rato, Cristóbal Montoro, Josep Piqué o José Folgado.