El Congreso sobre Inmigración pide un cambio radical en política migratoria

El manifiesto surgido ayer del IV Congreso sobre la Inmigración en España reclama un cambio radical en la política gubernamental de inmigración, la regularización urgente de todas las personas inmigradas sin papeles y el derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones locales y autonómicas. El congreso ha reunido en Girona durante cuatro días a unos 700 expertos.

Representantes de asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales implicados en la inmigración, reunidos en Girona, mantienen que los cambios legislativos operados en España en los últimos años en materia de inmigración sólo han contribuido a "institucionalizar y legitimar la discriminación y la exclusión por razón de nacionalidad y a hacer crecer la insensibilidad de las personas y las sociedades hacia los inmigrantes".

Los expertos reunidos en Girona partieron de un documento elaborado por las asociaciones y organizaciones no gubernamentales de las comarcas de Girona en 1992, titulado Informe Girona: 50 propuestas sobre la inmigración. Todas las recomendaciones que se hacían en aquel documento, que fue pionero en la sistematización de las fórmulas para abordar la inmigración, continúan siendo vigentes. No obstante, el congreso de Girona constató que la situación en algunos aspectos, como la legalidad, la integración y las actitudes hacia los inmigrantes, es ahora mucho más grave y preocupante que hace 12 años.

El congreso incluye entre sus conclusiones la petición de derogar los artículos de la Ley de Extranjería que, en opinión de algunos ponentes, violan los derechos humanos y reclama que los menores no acompañados no sean repatriados de manera sistemática, sino que se procure su educación e inserción social. El documento advierte de que los inmigrantes encarcelados se encuentran discriminados porque no siempre se les facilita comunicación con sus consulados, no se les permiten sus prácticas religiosas y no tienen las mismas facilidades para acceder al tercer grado penitenciario o a la libertad condicional.

En el aspecto laboral, se reclaman al Gobierno más medios para aumentar las inspecciones laborales con las que se puedan descubrir situaciones de explotación. La política de vivienda de las instituciones -continúa el manifiesto- debe evitar la guetización y tener en cuenta las dificultades de los colectivos extranjeros a la hora de enfrentarse a los perjuicios de propietarios e inmobiliarias, pero también su desconocimiento de ciertas fórmulas de participación, como las comunidades de vecinos.

Respecto a la cultura y la religión, el congreso mantiene que el fenómeno migratorio enfrenta a las sociedades estables al pluralismo creciente de culturas y religiones. "La gestión de la convivencia multicultural en las sociedades complejas del siglo XXI es un reto, sobre todo viniendo de visiones que primaban la homogeneidad cultural y religiosa como un bien cultural superior", reza el texto de conclusiones.

El documento advierte de que los gobiernos no pueden obviar que el movimiento de personas corresponde a tendencias mundiales globales que inducen a pensar que no será un hecho esporádico, sino estructural.