Dadme un buen Consejo

Los ladrones querrían que no existiera la policía. Los pirómanos, que no hubiera bomberos. Los defraudadores, vivir sin la sombra de hacienda. Unos y otros desearían que no hubieran leyes que regularan los comportamientos sociales. La puesta en marcha de organismos reguladores siempre molesta a aquellos que se aprovechan de la ausencia de normativas. Hoy esto sucede en el campo de la televisión. Un sector lleno de hombres de negocios que se están haciendo multimillonarios, políticos sin escrúpulos que dictan contenidos y mercenarios disfrazados de profesionales que ejecutan sin pestañear. Juntos defienden un curioso liberalismo que les lleva a descalificar cualquier intento de regulación del sector audiovisual apelando a la libertad y alertando contra la censura. En nombre de la libertad manipulan informativos, hacen apología de los peores ejemplos y entronizan a los personajes más indolentes, vagos y descerebrados de nuestra sociedad. Y encima pretenden que los demás nos limitemos a reírles las gracias.

Donde hay fuertes y débiles, la libertad oprime y la ley, libera. La frase es de un sacerdote francés del siglo XIX, Robert Lammenais, representante del catolicismo liberal.

El liberalismo es una doctrina política que está en la base de la democracia tal como la conocemos y practicamos hoy. Se etiqueta de liberal a pensadores muy distintos: de izquierdas, Rawls, por ejemplo; más a la derecha, como Berlin; o más, más, más a la derecha, caso de Hayek. En nombre del liberalismo han hablado sabios pero también insensatos e iluminados. La pena es que han sido estos últimos los que, más allá de la teoría, parecen haber ganado la batalla de la política real. La política que dirige a los gobiernos. La que gobierna el mundo.

La afirmación de Lammenais es el mejor resumen que conozco para justificar la existencia de una autoridad independiente para regular el funcionamiento, desarrollo y contenidos de los medios audiovisuales. Concreto más: una verdadera máxima autoridad de lo audiovisual, independiente del poder político. Un organismo formado por especialistas de prestigio en la materia con mandatos distintos a la duración de las legislaturas, comprometido con la sociedad y con amplia capacidad de seguimiento y sanción. Un organismo que tendrá que ocuparse de la adaptación legislativa que reclamen los avances tecnológicos, coordinarse con sus homólogos a nivel estatal y europeo y asumir los nombramientos de los máximos directivos de las cadenas públicas y la concesión de licencias de explotación de los servicios audiovisuales.

Es importante esta concreción ya que se ha extendido tanto el consenso en relación a la puesta en marcha de un Consejo Audiovisual (nombre que parece haber hecho fortuna, tomado del modelo francés, ojalá se copiaran más cosas) que yo ya temo lo peor.

Lo peor sería crear un nuevo organismo diseñado y compuesto desde la mala fe para que sea incapaz de satisfacer las necesidades que dan sentido a su creación. Llegar al consenso a través de las cuotas partidistas es un seguro de fraude. Aquí sabemos mucho de eso. Por poner sólo un par de ejemplos: tenemos una Academia Valenciana de la Lengua que no se moja ni cuando llueve; una Sindicatura de Comptes que vive de eufemismos; un Síndic de Greuges que no habla por no ofender; múltiples consejos de administración de empresas públicas simples palmeros de los dislates que perpetran sus directivos. Y tanto cargo nombrado sólo porque existe un sillón a llenar, pero que ni aportan, ni ejercen; ni saben, ni quieren saber. Sólo obedecer y cobrar. Nunca decir no. Es, de facto, la renuncia a todas las funciones de control, que también se tienen. Adiós contrapesos, adiós democracia. Si las referidas situaciones fueran excepcionales serían meras anécdotas pero generalizadas como están suponen una tupida red de incompetencias y maldades razón de todas las mentiras, irregularidades y abusos que después padecemos.

Si el futuro Consejo Audiovisual que se pretende va en esta misma línea será un nuevo timo. Como lo fue aquella Comisión Parlamentaria de Nuevas Formas de Gestión de RTVV que mareó la perdiz durante un par de años para dejarlo todo como estaba y concluir, eso sí, que lo mejor era privatizar Canal 9. Igual que lo es el Consejo Asesor de RTVV que lleva 20 años en la ley pero que ni siquiera se ha llegado a constituir o los Estatutos de Redacción de Canal 9 y Radio 9 que, a golpe de amenazas a los profesionales, no se aplican. Como lo es la Comisión Parlamentaria de Control de RTVV donde lo único que se controla son las críticas de la oposición o su Consejo de Administración que, de viaje en viaje, ni sabe de contratos, ni conoce de presupuestos. Y no sigo.

El Consejo que se precisa no dicta leyes pero debe velar por el cumplimiento de las existentes. Su valor dependerá del prestigio social que consiga. En su capacidad de influencia pesará más su autoridad moral que su potestad sancionadora. O es un referente ético o no valdrá para nada.

Más allá de las palabras y las promesas, veamos qué hacen nuestros partidos. Los tres con representación parlamentaria. El PP, claro, pero también atentos a la actitud del PSPV y de Esquerra Unida. Para saber lo que será el futuro Consejo bastará con ver cómo es el proceso de aprobación legislativa y puesta en marcha y quiénes son sus miembros. Que no nos confundan con más propaganda. Que no nos engañen. Que sea un Consejo independiente, con las máximas competencias y que sus componentes no tengan vinculaciones partidistas. Ya está bien de comisarios. Ya está bien de proclamar el compromiso con la música clásica y acabar nombrando a Georgie Dann.

Por cierto, el sacerdote Lammenais, además de un liberal, era un convencido defensor de la separación iglesia-estado. Acabó excomulgado. Eso sí, después se han declarado influidos por él desde Jaime Balmes a Bakunin pasando por Mariano José de Larra.

Julià Álvaro es periodista.