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El Defensor del Menor se opone al uniforme obligatorio en la escuela pública

Núñez Morgades exige una normativa clara

No se puede obligar a los alumnos de un centro de educación público a llevar uniforme escolar si éstos se niegan. Ésta es la postura del defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Pedro Núñez Morgades, sobre la polémica que se ha creado en torno al instituto público de secundaria Barrio de Loranca, de Fuenlabrada, que ha impuesto a sus alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO (de 12 a 14 años) un uniforme compuesto por unos vaqueros sin marca, una sudadera y un determinado chándal para gimnasia. Además ha previsto sanciones para quien no lo vista. "No es legalmente posible, ni siquiera procedimentalmente posible, castigar a los estudiantes por no usar el uniforme", afirmó ayer Núñez Morgades.

La oficina del Defensor del Menor estudia en estos momentos la queja presentada por unos cien escolares del centro sobre el uso del vestuario designado y, ante la falta de normativa al respecto de la posibilidad del centro de imponer el uniforme, Núñez Morgades anunció que pedirá a los responsables de la Consejería de Educación que "dicten unas instrucciones lo suficientemente claras". La consejería ya señaló el pasado martes que el reglamento sobre el uniforme no permite "imponer ninguna sanción".De hecho, el director del Área Territorial de Educación Madrid-Sur, Alberto González, afirmó ayer que ha comunicado a la dirección del instituto público Barrio de Loranca que suspenda cautelarmente las sanciones previstas para los alumnos que acudan a clase sin el uniforme, que es obligatorio desde este curso para 1º, 2º y 3º de ESO. Los de 4º de ESO y 1º de bachillerato, por su parte, tienen que llevar obligatoriamente el chándal. Varios padres han tachado la medida, que fue aprobada por el consejo escolar del centro el pasado 5 de octubre, de "ilegal". "Hemos dicho a la dirección del instituto que suspenda las sanciones hasta que los servicios jurídicos de la Consejería de Educación estudien si la normativa vigente permite estas amonestaciones", señaló González. Aunque la suspensión es cautelar, fuentes de Educación señalaron que va a ser difícil que el Gobierno regional dé finalmente el visto bueno a las sanciones. De momento, según Cecilia García, jefa de estudios del centro, no se ha puesto ninguna amonestación.

Respecto a la obligatoriedad de llevar el uniforme, Alberto González reconoció que existe una laguna jurídica. "Los servicios jurídicos no han encontrado nada en la normativa que diga que un instituto público no puede imponer un vestuario determinado, pero tampoco hemos encontrado nada que diga que sí que puede. La ley no entra en tantos detalles", explicó. "Lo que sí determina la LOCE es que lo que apruebe el consejo escolar es de obligado cumplimiento. Son competencias que entran dentro de la autonomía que tiene el centro. Otra cosa es el tema de las sanciones", añadió. El director del área de la zona sur recordó además que "la mayoría de los padres y alumnos están de acuerdo con la implantación del uniforme". "Para los que dicen que no pueden pagar los 90 euros que cuesta el equipo, el centro tiene previstas una serie de ayudas", concluyó.

La vía del acuerdo

El portavoz regional del PSOE en temas de educación, Adolfo Navarro, afirmó por su parte que respeta la decisión tomada por el consejo escolar del instituto Barrio de Loranca. "El tema del uniforme no me parece ni bien ni mal siempre que sea una recomendación. Comparto el argumento del director de que el uniforme evita desigualdades entre los alumnos; lo que ya no me parece bien es que pueda recaer una sanción o que sean discriminados los estudiantes que no lo lleven", explicó.

Por su parte, el defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades, se decantó por la vía "de la persuasión, de la negociación y el diálogo" para implantar los uniformes en las escuelas públicas que así lo decidan, nunca la vía de la sanción.

El colegio de infantil y primaria María Moliner, ubicado en el distrito de la capital de San Blas, fue uno de los primeros centros públicos en adoptar el uniforme escolar, hace tres años. Sus pretensiones eran similares a las del instituto de Fuenlabrada, es decir, evitar "la guerra de marcas". Eso sí, la iniciativa siempre ha sido voluntaria; quien quería lo llevaba, y quien no, no lo hacía.

Este curso serán poco más de veinte los centros públicos en los que se vista el uniforme. Todos, excepto Barrio de Loranca, son colegios de infantil y primaria. Tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, como el consejero de Educación, Luis Peral, se han mostrado a favor del uniforme por ser "un factor de igualación social". De tal manera están a favor que prometieron subvenciones para que los alumnos de centros públicos compraran el uniforme. De momento, la consejería aún no ha anunciado si esa partida está recogida en los presupuestos de 2005.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 10 de noviembre de 2004