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Reportaje:

El doble crimen del garaje del Putxet

Un tribunal popular juzga desde hoy en Barcelona al acusado del asesinato de dos mujeres en un aparcamiento

Dicen los juristas, en una de sus habituales frases recurrentes, que "lo que no está en los autos, no está en el mundo". Y en los autos por el doble crimen del Putxet lo que hay es un solo acusado, dos mujeres salvajemente asesinadas y un móvil tan débil como el robo. Pero eso es lo que hay y eso es lo que a partir de hoy empezarán a juzgar en la Audiencia de Barcelona los nueve integrantes del jurado: las muertes de dos mujeres, ocurridas en el mes de enero de 2003 en un aparcamiento situado en el número 28 de la calle de Bertrán, en el barrio del Putxet, en la zona alta de Barcelona.

En el banquillo se sienta Juan José Pérez Rangel, para el que el fiscal pide penas que suman 48 años de cárcel por dos delitos de asesinato y otro de robo. El acusado es un joven que entonces tenía 25 años, estaba en paro porque había pedido el finiquito de la empresa en la que trabajaba y buscaba una mujer rusa en una agencia matrimonial para casarse. Han pasado casi dos años desde su detención y Pérez Rangel o se ha negado a declarar o cuando lo hizo fue para negar su participación en los hechos con argumentos poco convincentes.

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La última vez que Pérez Rangel acudió al juzgado fue el 6 de octubre del año pasado a petición propia. Entonces explicó que no había cometido los crímenes y que cuando se produjo el primero de los asesinatos estaba en casa de su abuela. En cuanto al segundo, afirmó que no recordaba lo que hizo aquel día. Lo que sí admitió es que hizo seguimiento de personas y de vehículos que entraban en aquel aparcamiento debido a su "afición" por la investigación policial.

El primer crimen ocurrió el 11 de enero de 2003 y la víctima fue Maria Àngels Ribot, que recibió dos cuchilladas en el abdomen y la zona costal y un mínimo de 11 golpes en el cráneo con un martillo empleado por los encofradores. La muerte fue instantánea y produjo a la víctima pérdida de masa encefálica. El asesino le robó el bolso y después sustrajo dinero con una de sus tarjetas de crédito, según la tesis de las acusaciones. El segundo crimen ocurrió el 22 de enero del mismo año, cuando María Teresa de Diego fue golpeada, también en el cráneo y con el mismo martillo, un mínimo de 12 veces. Previamente fue atada a la barandilla de la escalera del aparcamiento con unos grilletes y las manos en la espalda, los pies inmovilizados con unos cordones, la boca tapada con periódicos y la cabeza cubierta con una bolsa.

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Entre uno y otro crimen mediaron 11 días y eso provocó una gran alarma entre el vecindario de una zona de la ciudad poco dada al sobresalto. Las dos mujeres tenían un cierto parecido facial, también en la complexión física, una edad muy similar -49 en el caso de Ribot y 46 en el de De Diego-, un vehículo similar y ocupaban el mismo número de plaza de aparcamiento: el 15. Ribot, en la planta cuarta y De Diego, en la primera. Los dos crímenes ocurrieron en la planta quinta del aparcamiento, donde el acusado condujo a sus víctimas. Esas coincidencias sirvieron para fomentar en su día toda clase de especulaciones sobre un posible error, un crimen por encargo y hasta la colaboración de más personas, pero todo se quedó en eso porque la investigación policial no logró ir más allá. Y eso que la brigada de homicidios siguió investigando después de la detención de Pérez Rangel.

Pero las pruebas de cargo que aparecen en la causa dejan poco margen a la duda: la huella de la palma de la mano en la bolsa que tapaba el cadáver, el ADN en un cigarrillo encontrado junto a un cadáver, la sangre de una víctima en uno de los zapatos, las llaves de los grilletes encontradas en su domicilio o las grabaciones de circuito cerrado de televisión en las oficinas bancarias en las que intentó o logró extraer dinero con las tarjetas de las víctimas, entre otras.

"La policía y la fiscalía han realizado un riguroso y eficaz trabajo de investigación que nos permitirá aportar pruebas de cargo incontestables para impedir la impunidad de unos crímenes tan atroces", asegura el abogado Cristóbal Martell, que ejerce la acusación por la familia de una de las víctimas. Mujeres corrientes asesinadas por la cara.

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