Barcelona ganará una franja en la Barceloneta al variar la línea de costa

La Demarcación de Costas de Cataluña ha remitido al Ministerio de Medio Ambiente una propuesta para cambiar la línea de costas, que señala el límite a partir del cual no puede haber edificaciones. La propuesta, basada en leyes de 1918 y 1957, hará que la franja de terreno situada entre la actual línea (que cruza por el centro de edificios de la Barceloneta ya construidos) y el paseo Marítim pase a ser de propiedad municipal.

En total, es casi medio kilómetro con una anchura entre 30 y 60 metros, según las zonas.

Que Barcelona vive de cara al mar se ha convertido en algo común, al menos desde 1992. Ha ganado un paseo marítimo y puede mirar la línea del horizonte desde playas que hace pocos años no existían, sepultadas por escombros y chiringuitos. Pero cuando algunos ciudadanos hablan de las playas ganadas no llegan a imaginar hasta qué punto ese ganadas significa, literalmente, ganadas, es decir, se trata de terrenos ganados al mar tras la acumulación de tierras producida durante cuatro siglos, después de la construcción del puerto de Barcelona. Es una obra que se ha prolongado durante casi 400 años, aunque el compromiso del primer constructor era haberla hecho en 36 meses.

La ley obliga a proteger una franja de terreno a partir del mar, pero esa línea ha ido cambiando con el tiempo, y ahora está a punto de hacerlo de nuevo. El Ministerio de Medio Ambiente ya tiene la propuesta para ceder a Barcelona la antigua franja, en parte de la cual y contra todas las lógicas aparentes hay edificios construidos a los que el municipio cobra regularmente el impuesto de bienes inmuebles.

La línea de costa establece el límite del dominio marítimo terrestre. Se trata de una línea de protección. Entre ella y el mar no se puede construir ningún tipo de edificio que pueda ser utilizado como vivienda. Sí pueden erigirse otras edificaciones destinadas a usos directamente vinculados al mar (puertos, escuelas de vela e instalaciones relacionadas con ellas).

La función de la Demarcación de Costas en Barcelona es proteger la zona de dominio marítimo terrestre y evitar su ocupación por terceros. En origen, esta función estaba vinculada a la defensa militar, de ahí que una de las primeras edificaciones que se construyeron sobre esa arena acumulada que iba ampliando la ciudad a costa del mar fuera, precisamente, una fortaleza militar: la Ciutadella, parte de la cual cayó tras los hechos de 1714, y otra parte la liquidó el general Joan Prim después de la Gloriosa de 1868.

Los edificios siguientes fueron viviendas: el barrio que hoy se conoce como la Barceloneta. Bloque a bloque, fue creciendo hacia el mar. Algunas de estas viviendas, afirma Costas, están claramente construidas sobre terrenos de dominio público, aunque sus propietarios afirman disponer de documentos que prueban que esos terrenos fueron en su día vendidos por el Estado a particulares y aducen como prueba que no hay inscripción en el registro que señale que el suelo es dominio público.

Este conflicto puede empezar a solucionarse si, finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente traspasa al Ayuntamiento de Barcelona el espacio que hay entre la línea actual y la línea futura, situada aproximadamente en el paseo Marítim. Aunque los propietarios creen que el problema debe ser resuelto antes, porque de lo contrario el litigio puede prolongarse años.

El proyecto de la Demarcación de Costa tiene, con todo, la objeción de un colectivo de propietarios a los que no se reconocen los derechos. Compraron una finca sin encontrar objeción alguna en el registro, la inscribieron y hasta consultaron antes al Ayuntamiento de Barcelona, que informó favorablemente la operación. Sólo al pedir la licencia de obras para reformar el edificio se les dijo que no era suyo porque se hallaba en zona de dominio público.

El colectivo de propietarios, a quienes representa el abogado de Valencia José Ortega, sostiene que la apropiación del solar por el Estado no es ajustada a derecho y, por lo tanto, debe reconocérseles la propiedad. Además, acreditan a través del registro que el solar en cuestión fue vendido por Ramón de la Rocha, capitán general y representado del Gobierno central en Barcelona, en el año 1852 y que ha sufrido diversas transmisiones de propiedad, todas ellas anotadas en el registro, sin que se haya producido objeción alguna.

El abogado de los demandantes sostiene que el Gobierno central actuó de forma contraria a derecho en 1990, cuando aprobó una orden ministerial que declaraba de su propiedad los terrenos, tomando como buena la línea de costa de 1923, pero sin notificar a ninguno de los propietarios afectados esta expropiación de hecho.

Lo que debió hacer la Administración, razona Ortega citando diversos antecedentes jurídicos, es reconocer que la línea de costa no estaba en medio del barrio de la Barceloneta, sino donde ahora propone que se sitúe la demarcación de Costas de Cataluña. Pero el abogado rechaza que haga el cambio de límite sin más, ya que esto haría que el terreno pasara a ser o de la Hacienda pública o del Ayuntamiento de Barcelona, obligando a sus clientes a una maraña jurídica que podría durar años. Por consiguiente, propone que se reconozca que el cambio de límites se hizo sin tener en cuenta la realidad y sin notificarlo a los interesados, lo que convierte el acto jurídico en nulo.

El abogado ha rastreado los permisos de construcción del paseo Marítim en Barcelona sin encontrarlo. Aunque un escrito de Costas fechado en 1993 sostiene que el proyecto es ajustado a derecho. Un documento, dice el letrado, llamativo porque hay noticias de que el paseo fue construido y terminado antes de los Juegos Olímpicos de 1992. Lo que no aparece, en cambio, es la autorización al municipio para utilizar una zona que, de ser vigente la actual línea de Costas, sería de dominio público.

El actual régimen jurídico, de cara a preservar el espacio de dominio público, prevé una serie de sanciones para las obras que se hayan construido en este terreno. En el caso del paseo Marítimo, la sanción sería su demolición. Los demandantes alegan que sería improcedente y proponen un acuerdo entre las partes.