El 20% de víctimas de malos tratos piden que se suspenda la pena a los condenados por sus denuncias

Los juzgados de Lo Penal 5 y 13 de Valencia tienen como misión exclusiva la ejecución de las sentencias. En ellos, José Francisco Ceres Montes y Nieves Molina, llevan a la práctica los fallos de 60 tribunales unipersonales de la provincia de Valencia. Entraron en vigor como fórmula para agilizar el cumplimiento de las penas pero no ha sido ese precisamente el efecto. En lo que va de año, acumulan sin ejecutar 6.100 fallos judiciales.

Dan prioridad a los casos urgentes, los que se refieren a violencia doméstica y las causas con preso. El resto duerme un cierto letargo en los pasillos que rodean ambos despachos. Los juicios rápidos les han complicado la vida. No todos los fallos llegan con la misma documentación. Aceleran las conformidades con actas autocopiativas que días después refrendará una sentencia, pero pretenden que acusado y víctima se vayan con todo claro después de la celebración de una vista.

Los juzgados de ejecutorias de Valencia acumulan 6.100 fallos pendientes

Tienen un especial pulso de lo que pasa y por ello han percibido algunas realidades complejas que les llaman la atención. Por ejemplo, que el 40% de las causas de violencia doméstica vienen de instrucción con la suspensión de condena hecha porque se ha llegado a una conformidad, que un 20% de las víctimas de violencia doméstica pide que no cumplan la sentencia los condenados. "En estos casos, el porcentaje entre mujeres extranjeras y españolas está muy igualado. Vienen, te dicen que se han arreglado, que como el juicio fue rápido se hizo todo con los ánimos en caliente y no tuvieron tiempo de serenarse y valorar lo ocurrido, te piden que no ejecutes la sentencia. Yo me mantengo firme en lo que recoge el fallo, pero la realidad que pueda esconderse ahí no la sabemos", dice Ceres Montes. "Yo actúo de la misma forma", añade Molina, "porque entiendo que el juez que ha dictado sentencia ha tenido una mediación, ha visto los afectados, tiene más datos".

Otro de los escollos es el referido a las penas que consisten en trabajos para la comunidad, que la norma recomienda estén lo más relacionados posible con el tipo delito cometido, cuyo reparto depende de los Servicios Sociales Penitenciarios en función de los convenios con los ayuntamientos y que en breve estará bajo el control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La mayoría de las personas a las que se condena a cumplir una pena a través de trabajos a la comunidad son extranjeros, y se produce la paradoja de que "como son ciudadanos en situación irregular, para cumplir esa pena tienen que tener un número de identificación de la seguridad social, que no se les da, por tanto, en muchos casos, no se cumplen, porque además esa pena no se puede sustituir por otra". Ambos coinciden en que les toca una de las partes más sensible del proceso judicial. Y su imposibilidad de atender la demanda la han trasladado hace escasos días al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una comisión específica

Los dos juzgados de ejecutorias de Valencia son, junto con los de Mallorca, lo que peor funcionan de España. "Los demás no están mucho mejor, lo que pasa es que muchos de ellos llevan más tiempo funcionando y cuando llegaron los juicios rápidos ya habían enfrentado la pendencia acumulada", precisa Ceres Montes.