Hacia un Estatuto de Primera División

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el dirigente de los socialistas Joan Ignaci Pla se han reunido esta semana para iniciar la negociación sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, un asunto que ha estado bloqueado hasta que han dado luz verde desde Madrid los respectivos partidos matrices. Se hizo la luz y, por lo visto y leído, los augurios son inmejorables por la voluntad convergente de los citados dignatarios. Sólo ha faltado que, después de esta primera sesión, se cruzasen algún obsequio conmemorativo de la etapa histórica que emprenden, pues lo probable es que sean ellos, como cabezas visibles de las fuerzas mayoritarias, quienes protagonicen fraternalmente esta segunda transición autonómica que nos aproxima -confiemos- al anhelado autogobierno.

El presidente, en esta estricta ronda de consultas, también ha recibido a la coordinadora de EU, Glòria Marcos, acompañada del portavoz de este grupo parlamentario, Joan Ribó. Como era de esperar -y debe ser- el petitorio de estos interlocutores era ya menos digerible, como siempre lo es para la derecha gobernante y en el plano político la referencia a los problemas identitarios y lingüísticos. No son éstos los únicos que pueden suscitar discrepancias, pero sí los más perversos para el debate si no se cierran de una vez por todas, y tanto más en el marco de una Europa Unida donde las nacionalidades tienen menos futuro que las fronteras.

Del Estatuto, pues, se ha empezado a hablar para allanarle el camino hacia las Cortes y el Congreso de los Diputados. Se quiere, además, discutirlo y tramitarlo con diligencia, lo que no es sinónimo de precipitación. Al fin y al cabo, los asuntos teóricamente cuestionables no son insalvables siendo así que por estos lares no cunden las propuestas soberanistas y las fuerzas políticas se acomodan al marco constitucional. A partir de ahí cabe toda transacción, y más aún si los partidos hegemónicos ya han marcado el itinerario y la meta. El mismo molt honorable confía en que la discusión propicie un consenso total, lo que sin duda revalorizaría la legitimidad de nuestra Carta Magna.

Como esto no ha hecho más que empezar, nada nos apremia a desmenuzar los distintos capítulos estatutarios revisables o las nuevas transferencias que se instan. Ocasión tendremos. Pero por lo pronto y desde estos preliminares, convendría mentalizarnos en que si aspiramos a un Estatuto de Primera División es porque lo necesitamos, porque somos una sociedad políticamente madura y cohesionada, y no por mero seguidismo al modo extremeño, pongamos por caso, para equipararnos a Catalunya y Euskadi. Una reivindicación de este jaez puede resultar muy patriotera y sensibilizadora del vecindario, pero nos sitúa automáticamente en el pelotón de las regiones que avanzan al rebufo, que las hay por más que se quiera maquillar compasiva y solidariamente la realidad. Claro que también podría ser ese el lugar que nos corresponde, a pesar de la retórica y gesticulación triunfalista que se ha derrochado estos años.

Justo y plausible es, sin embargo, que aspiremos a las más altas cotas de autogobierno, que no se reflejan, aunque de ello se hable mucho, en la posibilidad de aumentar el número de consejerías -cuando es obvio que hay subterfugios legales para añadir las que se quiera-, o en la reducción del porcentaje mínimo de votos autonómicos para entrar en las Cortes. Las siglas que no alcancen el 5% establecido es mejor que cambien de negocio. A los grandes partidos les trae son cuidado.

El peso político en el concierto estatal y el mayor autogobierno se decantan de resortes más vigorosos que los citados, como son la financiación e institucionalización estatutaria de las instancias que garantizan el futuro de nuestro territorio, tan malversado; el uso y promoción de la lengua autóctona; la independencia de los medios de comunicación de titularidad pública y, en suma, los instrumentos que fomentan y avalan la calidad de vida y la libertad de los valencianos, integrando a la corriente migratoria que viene crecida. ¿A quién importa realmente que las Cortes se puedan o no disolver al arbitrio del presidente del Consell de turno?