Mediadores en los tribunales

El Servicio Vasco de Mediación Familiar, que se creó en 1996 para favorecer las separaciones de mutuo acuerdo y evitar procesos judiciales, protagoniza paradójicamente un caso muy conocido en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por tercera vez, la Asociación Vasca de la Familia Sendia va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la adjudicación de esta oficina a la misma entidad. En 1996, como Asociación de Familias Monoparentales, y en 2003 y 2004, como Sendia, el equipo de la mediadora familiar Rosa de la Fuente ha concurrido a los concursos públicos convocados para gestionar la oficina de mediación, que el Gobierno siempre se ha adjudicado a la Asociación Vasca para la Pacificación Familiar. "Irregularmente", según De la Fuente. Esta mediadora familiar cuenta con una sentencia del Tribunal Superior y un informe de la Oficina de Control Económico del propio Ejecutivo vasco que le dan la razón.

El pasado 20 de octubre, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, adjudicó de nuevo a la Asociación Vasca para la Pacificación Familiar el servicio de mediación familiar hasta diciembre de este año por un importe de 94.666 euros. El contrato, que es prorrogable hasta finales de 2008, cuenta con un presupuesto anual de 142.000 euros para mantener a los dos psicólogos, una abogada, una trabajadora social y una administrativa, que atienden la oficina pública situada en el barrio bilbaíno de Santutxu. Desde 1996, la citada entidad ha gestionado este servicio público y se ha beneficiado de prórrogas automáticas del contrato durante varios años. Durante ese tiempo, la oficina de mediación ha dependido de consejerías gobernadas sucesivamente por el PSE, EA, PNV y, ahora, Ezker Batua.

La adjudicación es "vergonzosa" e "indignante", según De la Fuente, presidenta de Sendia, la otra entidad que optaba al concurso de 2004. "Es increíble que esta asociación, que con sólo un día de existencia, entró de manera irregular en una convocatoria pública para gestionar el servicio durante tres meses en 1996, lleve desde entonces gestionando el servicio y en cada concurso se le vuelva a adjudicar", critica.

Como presidenta de la Asociación de Familias Monoparentales, esta mediadora familiar recurrió la adjudicación de la oficina en 1996 y el Superior le dio la razón en una sentencia firme, dictada en 27 de abril de 2000, que anuló la adjudicación por considerarla "no ajustada a Derecho". El fallo judicial, que declara probadas numerosas irregularidades en la concesión del contrato, sirvió de poco porque llegó demasiado tarde.

El Superior anuló el contrato pero como éste se refería al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 1996, se dio por ejecutada la sentencia. Mientras la maquinaria judicial seguía su habitual ritmo lento, el Gobierno vasco fue prorrogando automáticamente año tras año la adjudicación del servicio a la misma entidad hasta 2003. En marzo de ese año se convocó un nuevo concurso público al que sólo se presentaron dos asociaciones: la Asociación Vasca para la Pacificación Familiar y la agrupación Sendia.

"El concurso no fue suficientemente publicitado y contenía unas cláusulas leoninas y muy especiales, como estar constituido antes de 2000. Fue una tomadura de pelo", critica De la Fuente. Su agrupación fue excluida en la primera fase por no haber acreditado suficiente experiencia y, automáticamente, quedó una única aspirante, a la que se le volvió a adjudicar el contrato. Esta decisión está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. "Nos descartaron diciéndonos que no habíamos acreditado experiencia ni formación y era incierto, presentamos 12 perfiles de profesionales cualificados, cuando sólo pedían cuatro", subraya la recurrente.

Aunque todavía no se ha dictado sentencia sobre la adjudicación de 2003, un informe de la Oficina de Control Económico del propio Ejecutivo de Vitoria la valoró negativamente y detectó numerosas irregularidades en la concesión del servicio. "La invitación efectuada a la empresa

[Asociación Vasca para la Pacificación Familiar] para presentar su proposición, sin haber acreditado su capacidad y solvencia, hace incurrir a la citada adjudicación en la causa de nulidad", sentencia el informe. Pese a la contundencia del documento, que enumera hasta cinco graves deficiencias por las que la empresa adjudicataria debiera haber sido excluida, no ha tenido ninguna consecuencia.

El asunto se ha tratado también varias veces en el Parlamento. En abril de 2002, el PP presentó una interpelación que derivó en una moción aprobada por unanimidad y que instaba al Gobierno a convocar un concurso con la publicidad suficiente y antes de que terminara el año. "Pero esta decisión fue incumplida. El concurso no se convocó hasta marzo de 2003 y se siguió hasta entonces prorrogando el servicio a la misma asociación", critica De la Fuente. Recuerda que fue el propio Javier Madrazo quien presentó la primera moción parlamentaria sobre la adjudicación del servicio en 1996. "Pero cuando él ha tenido la competencia ha mantenido la misma política que sus predecesores".

En 1993 De la Fuente creó en la Asociación de Familias Monoparentales el primer gabinete de mediación familiar al ver cómo "parejas con ingresos limitados tenían que asumir un conflicto con unas minutas de abogados astronómicas". Posteriormente realizó gestiones con el Departamento de Justicia para que subvencionara un servicio público de mediación y mantiene que "el decreto por el que se convocó el primer concurso público en 1996 era un calco del modelo de servicio de mediación familiar que les habíamos presentado".