Las diputaciones hoy

Desde su nacimiento en el seno del pensamiento racionalista e ilustrado de principios del siglo XIX hasta su madurez democrática actual, la provincia ha recorrido su camino atesorando un importante acervo del mundo local. Enraizada con fuerza en el inconsciente colectivo del pueblo español, ha llegado a ser para buena parte de éste, un arquetipo de la organización del Estado. La Constitución de 1978 le reconoce la condición de entidad local con autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, encomendando su gobierno a las diputaciones provinciales.

Durante los 25 años de gobiernos locales democráticos se ha suscitado, en ocasiones, una cierta idea de crisis de la provincia como ente local, originada por su confluencia en un mismo territorio con las comunidades autónomas, sin embargo, considero que la provincia como ente local y la diputación provincial como gobierno de ésta, desempeñan un papel insustituible en la vertebración del Estado, no sólo compatible con las comunidades autónomas sino imprescindible en la relación de éstas con los municipios.

Argumentaré esta tesis en torno a dos ideas que definen el papel de las diputaciones hoy, la primera es su naturaleza indisociable a la de los municipios, la segunda, su singularidad institucional.

Las diputaciones provinciales no son una administración más en el entramado organizativo del Estado, ni son un ente intermedio entre ayuntamientos y comunidades autónomas, no son sino los propios ayuntamientos fortalecidos por su capacidad de trabajar conjuntamente. Con ello quiero decir que las diputaciones no son un superior jerárquico a los ayuntamientos, ni deben pretender ser un ayuntamiento de ayuntamientos, sino una forma de organizarse éstos para trabajar con economías de escala, de tal forma que las diputaciones formen parte de la misma malla horizontal en la que se insertan los ayuntamientos. Esta identidad entre ayuntamientos y diputación se manifiesta en el hecho de que las diputaciones no posean competencias propias, sus competencias son funcionales respecto a las de los ayuntamientos y no tienen otro objeto que la de garantizar la prestación eficiente, en todos los municipios e independientemente de su población, de unos servicios públicos de calidad.

La singularidad institucional de las diputaciones la constituye su personal, el cual aporta auténtico valor añadido a las actuaciones municipales. Por ello, las diputaciones provinciales traicionan su auténtica singularidad institucional si se dedican a subvencionar ayuntamientos, ese papel se lo asigna la Constitución al Estado y a las comunidades autónomas, a las Diputaciones, por contra, les corresponde la cooperación con los ayuntamientos, desarrollando con ellos políticas públicas conjuntas, para lo que dispone del valioso instrumento de su personal.

Definidas así, las diputaciones serán la clave del arco que sostenga el denominado Pacto Local. No conviene olvidar que llevamos más de 15 años hablando del mismo, sin que en estos tres lustros se haya observado un avance significativo, ello es debido a que las comunidades autónomas son reacias a desprenderse de competencias y recursos económicos porque desconfían de la capacidad de los ayuntamientos para gestionarlos, mientras que los ayuntamientos se lamentan de la insuficiencia financiera de sus haciendas y por tener que prestar servicios no reconocidos legalmente y por lo tanto carentes de financiación. A mi juicio el problema radica en que no es posible una interlocución directa de las comunidades autónomas con los más de ocho mil municipios existentes en España, ni es posible hablar de transferencias de competencias a la mayor parte de ellos, pues su poca población les impide prestar incluso algunos de los servicios esenciales, pero por otro lado es irrenunciable el corolario del principio de igualdad, que exige que todos los ciudadanos, independientemente del número de habitantes del municipio donde residan, tengan acceso a los mismos servicios públicos.

Este círculo vicioso sólo pueden romperlo las diputaciones provinciales, frente al reto de la atomización municipal sólo cabe la supramunicipalidad. Por medio de las diputaciones, las comunidades autónomas estarán en condiciones de concertar políticas con los gobiernos locales sin riesgos de asimetría, en régimen de paridad institucional, en la mejor línea de relaciones entre niveles de gobierno autónomos que deben cooperar desde la lealtad institucional.

La Diputación de Granada, a través del proyecto Granada en Red, pretende hacer realidad este nuevo concepto de diputación, las subvenciones como técnica de fomento o financiación han desaparecido para dar paso a la concertación, proceso mediante el cual la institución provincial y los entes locales de la provincia acuerdan, en pie de igualdad, las políticas a desarrollar conjuntamente; aunque haya traspaso de fondos, éstos no tienen por objeto financiar las arcas municipales sino poner en funcionamiento proyectos políticos de los ayuntamientos consensuados con la diputación.

Las diputaciones provinciales deben afrontar el futuro con una nueva perspectiva, deben dejar patente su cometido cooperativo, no competitivo con otras administraciones, y resaltar su papel en el proceso dialéctico entre el interés local y el provincial, del cual se obtendrá, como síntesis superadora, la satisfacción del interés general. En ese empeño estamos.

Antonio Martínez Caler (PSOE) es presidente de la Diputación de Granada.