La edil de Urbanismo acusa a Fomento de paralizar la Operación Chamartín

"Que el Ministerio de Fomento presente de una vez por todas su propuesta y que se deje de declaraciones precipitadas". La concejal de Urbanismo, Pilar Martínez, le devolvió ayer la pelota al Gobierno central, que el pasado septiembre anunció un plan para "desbloquear" la Operación Chamartín (la prolongación hacia el norte del paseo de la Castellana). Según Martínez, lo que ha hecho Fomento en realidad es paralizar el desarrollo del plan inicial, al prometer un aumento en el número de viviendas protegidas "que aún no ha concretado".

La Operación Chamartín, que supondrá la construcción de más de 16.200 viviendas en una zona de 300 hectáreas al norte de la plaza de Castilla, lleva sobre el papel 10 años, pero aún es una utopía sobre el terreno. La tramitación se ha ido retrasando por diversos motivos, de los que las tres administraciones se han culpado mutuamente. El 70% del suelo es público (la mitad, de Fomento, a través de Renfe; el resto, de Comunidad y Ayuntamiento), y el 30%, de privados.

Después de muchas vicisitudes, la Comunidad aprobó en 2002 la modificación del plan urbanístico que daba vía libre a la operación. En abril de 2003 fue redactado el plan parcial para la zona y, según dijo ayer Pilar Martínez, todas las administraciones y organismos implicados adjuntaron informes favorables. "Había consenso", subrayó. El plan iba a ser aprobado definitivamente por el gobierno municipal el pasado 11 de marzo, pero los atentados sufridos en la capital obligaron a suspender la cita.

Después se produjo el cambio en el Gobierno central, y los nuevos responsables socialistas de Fomento pidieron tiempo para estudiar el plan. En septiembre, la ministra Magdalena Álvarez mostró su disgusto por el número escasísimo de pisos baratos previstos en la Operación Chamartín, y propuso aumentarlo. Martínez tilda esas declaraciones de "precipitadas".

Sólo 1.500 pisos baratos

De las 16.230 viviendas previstas (según datos de Urbanismo), 14.730 serán de precio libre: todas las que se construyan sobre suelos del Estado y la inmensa mayoría de las de suelo municipal o de la Comunidad. Sólo 1.500 pisos (el 10% del total) serán de bajo precio, repartidos a medias entre la Administración autonómica y la local. De acuerdo con la ley, ni siquiera ese 10% de vivienda protegida era obligatorio, por tratarse de suelo urbano (sólo en los nuevos barrios rige esa obligación, y es del 50%).

"Ahora Fomento dice que quiere introducir más pisos baratos. Muy bien, pero que lo haga en su suelo, no en el del Ayuntamiento. Y que haga una propuesta concreta: hemos tenido dos reuniones desde septiembre, y la ministra aún no ha presentado la propuesta que anunció. Si no la va a presentar, que lo diga y volvemos a la situación de consenso que había en marzo. El retraso de estos meses se ha producido por esas declaraciones precipitadas, y claro, ahora a Fomento no le salen los números", dijo Martínez. Y agregó: "El próximo viernes [10 de noviembre] tenemos otra reunión. El ministerio debe decidir qué hace, sin demoras. Si no, tendremos que decir que Fomento ha paralizado la Operación Chamartín".

El edil socialista Félix Arias reclamó a Martínez que, en lugar de "echar la culpa al ministerio", explique por qué teniendo 690.000 metros cuadrados de suelo residencial en esa zona el Ayuntamiento "sólo va a construir 750 viviendas protegidas". Y recordó que la operación se retrasa no por las declaraciones de una ministra, sino porque la zona carece aún de un plan de infraestructuras definitivo y de un proyecto de movilidad. Justo Calcerrada (IU) pidió, en vano, que las tres administraciones se pongan de acuerdo para aumentar los pisos baratos, aunque no sea obligatorio, hasta el 50%.